Plan Estatal de Desarrollo

Editorial

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El gobierno del estado presentará hoy el Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2010-2015, que seguramente permitirá definir el rumbo presente y futuro de Colima.

Esta, debe ser una tarea compartida por el gobierno, las fuerzas políticas representativas y, en especial, por la sociedad y sus organizaciones.

Hoy, se requiere que la planeación del desarrollo sea un ejercicio incluyente que deje atrás modelos y ejercicios de escritorio y que sólo complican la construcción de proyectos comunes.

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, debe responder a esa convicción de rumbo compartido y marcar las acciones que juntos emprenderemos para construir, todos juntos, una casa común que nos haga sentir orgullosos.

Por supuesto, debe dársele continuidad a lo que funciona bien, en tanto que aquello que no de resultados satisfactorios, debe ser mejorado o echado a un lado.

El gobierno está obligado a desechar lo que se convierta en obstáculo para alcanzar las metas propuestas y, a la vez, debe innovar sin temor al qué dirán.

En este Plan deben estar contenidas las metas, los objetivos y la manera como habrán de conseguirse éstos, pero hacerse con absoluta honestidad, con visión de largo plazo, sin intereses particulares y sólo pensando en lo que Colima necesita y la población espera y reclama.

El Plan Estatal de Desarrollo debe verse como el documento rector que señalará la ruta que puede llevar a esta generación a construir, una sociedad más justa, con oportunidades de vida digna y éxito para todos.

El Plan es un documento rector, pero flexible, que recoge las propuestas, las visiones, las aspiraciones, las exigencias y las necesidades de los colimenses.

Hacerlo realidad compromete a todos, pero más al gobierno estatal, responsable de la conducción y coordinación de las tareas gubernamentales.

Finalmente, se requiere que haya un verdadero trabajo de arquitectura política para construir el andamiaje que permita pasar de la gobernabilidad a la gobernanza, entendida esta última como la manera de gobernar cuyo objetivo es lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero, al promover un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.