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martes, julio 31, 2012

PANAL, ¿Pluris y delitos?



La composición de las bancadas locales están prácticamente definidas, excepto porque el PAN impugnó la distribución de los plurinominales y porque en el PANAL andan hechos camote con el asunto de la plurinominal que, en los hechos, tiene el presidente de la ese partido, Esteban Meneses Torres.
El asunto de los panistas será juzgado por el Tribunal Electoral del Estado, que seguramente ratificará la decisión del Instituto Electoral del Estado, de asignar cuatro diputaciones plurinominales al PRI y sólo una al PAN, en la segunda ronda de asignaciones. La opción de los panistas será acudir a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, hasta la sala superior de este mismo tribunal. Pero eso se sabrá antes del 30 de septiembre de este año y los diputados podrán tomar posesión de sus cargos el uno de octubre de este año.  No importa el sentido de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no cambiará nada de manera sustancial.
Muy diferente es el asunto del PANAL, pues puede tener implicaciones éticas y penales.  El asunto es que Jesús Villanueva Gutiérrez, dirigente de la Sección Seis del SNTE y ganador de la elección para diputado local por el VII distrito, precisamente como candidato del PANAL.
Villanueva Gutiérrez acusó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a Esteban Meneses Torres, dirigente estatal del PANAL y candidato a diputado plurinominal por ese partido en la primera posición, de haber usado documentos apócrifos para presentarlos ante El Instituto Electoral del Estado, donde Villanueva Gutiérrez aceptaba que Meneses Torres ocupara tal posición y daba fe de que el proceso para elegir a los candidatos había legal.
Según se publicó en diversos medios, Villanueva Gutiérrez dijo que está por realizarse la prueba grafoscópica con lo que se podrá determinar que no firmó los tres documentos presentados al Instituto Electoral del Estado (IEE), relacionados con la lista de candidatos a diputados plurinominales por Nueva Alianza.
Villanueva dijo confiar en la PGJE, aunque pidió celeridad al presente asunto, porque “atenta contra la sociedad con acciones que no se deben de permitir y mucho menos para ocupar un cargo que se ha usurpado, esperando no sea motivo de que se pierda la certeza que se debe de dar a la sociedad y la misma sea motivo de mofa, con actos de tipo delictivo”.
Asimismo, el dirigente de la Sección Seis del SNTE dijo que la suya no es la única demanda en ese sentido, pues, “al parecer,  existen otras cuatro denuncias penales en contra de Esteban Meneses”, precisó.
La denuncia presentada por Villanueva es por uso de documentos apócrifos y falsificación de firmas que presuntamente habría hecho el presidente estatal de Nueva Alianza, Esteban Meneses Torres, para beneficiarse encabezando la lista de candidatos a diputados plurinominales ante el IEE. 
Y puntualizó: “No puedo concebir que haya un diputado con esas características, que va a defender a una soberanía e impartir la legalidad, yo no concibo que Esteban Meneses pueda ser diputado”.
Ante la referencia  a las declaraciones del diputado aliancista Alfredo Hernández,  en el sentido de que podría ser un problema personal, Villanueva Gutiérrez fue enfático: “no sé por qué hace esas declaraciones el maestro Alfredo, sin haber platicado antes con un servidor. Respeto su opinión, pero no tengo ningún trato con Esteban Meneses; lo respetamos como presidente del partido, pero jamás hemos conversado, ni hemos tomado un refresco en una mesa. No tengo ninguna relación de amistad. No es fuego amigo ni cuestiones personales. El problema es legal”, concluyó.
Por su parte, Meneses Torres dijo que no responderá a las demandas en su contra porque éstas son: “un trabajo orquestado de choque. No voy a responder a las ofensas, ni voy a hacer parte de ese juego, lo único que voy a pedirle al profesor Villanueva es un atento y respetuoso llamado a la calma, a la unidad, al trabajo en equipo, a que no perdamos lo que nos ha costado mucho esfuerzo construir y es el proyecto Nueva Alianza en el estado de Colima”.
Tras hacer una serie de consideraciones que no vienen al caso, Meneses Torres concluyó con dos frases sintomáticas: “No tengo ningún temor, mi conciencia tranquila, creo en las instituciones, poco a poco están resolviéndose a mi favor”. “Tengo plena confianza en que va a salir en el mismo sentido”.
El asunto es grave porque implica la presunta comisión de delito: falsificación de firmas, sudo de documentos apócrifos ante el IEE. En ese sentido, la PGJE debe, ahora sí, trabajar de manera efectiva y rápida para tener resuelto este asunto antes, mucho antes, del 30 de septiembre para que el IEE y el TEE, e su caso, puedan ratificar la decisión de mantener a Meneses Torres como diputado plurinominal o, e su caso, que el ordenen al PNAL que reponga el procedimiento para la elaboración de una nueva lista de candidatos a diputados plurinominales.
Tal sentencia debería ser si se prueba la veracidad de los dichos de Villanueva Gutiérrez de que le fue falsificada la firma y que con ella se elaboraron documentos apócrifos para engañar al IEE y decir que se había cumplido con la norma para la elección de los candidatos a diputados plurinominales.
No bastaría con recorrer la lista, porque toda la lista sería apócrifa. Eso es lo grave del asunto. Por eso la PGJE debe brindar justicia expedita y debe ser un proceso transparente para que no se preste a pésimas interpretaciones. Una dilación en el caso que, en los hechos, haga a Meneses Torres diputado plurinominal por el simple expediente de agotar los tiempos,  podría ser un error fatal y darle un golpe de gracia a esa dependencia en cuanto a su credibilidad ante la sociedad.
Tres Comentarios al Margen
1. Les recomiendo leer la última publicación de Jesús Silva Hérzog Márquez.  Realmente vale la pena. Aquí la liga: http://ow.ly/cBYZL
2. Los diputados locales ya dijeron que les da flojera, que se cansan mucho en los informes del gobernador  y que van a quitar la pregunta de los legisladores para hacerlos más cortos, más breves. Mejores argumentos no habría podido encontrar nadie para justificar la marcha atrás en la democracia local. No lo digo, sino las consideraciones de la reforma constitucional  que creó el espacio para que los diputados locales y el gobernador pudieran intercambiar puntos de vista en ese acto.
3. Ejercer el poder, afinando permanentemente las estrategias para conservarlo, no sólo es empeño de dictadores, tiranos y demagogos. Una sociedad que se presume democrática tiene en su interior actores e instituciones políticas que con posturas ideológicas heterogéneas, y enarbolando todas el beneficio colectivo, se enfrascan periódicamente en disputas electorales con la aspiración de obtener el poder y ejercerlo de manera perdurable. En posesión de él, los intereses de grupo o de clase prevalecen aún por encima de los sueños y de la esperanza colectiva. Miguel Acosta Vargas
Twitter: @macosta68

jueves, julio 26, 2012

Pensiones: ¿problema sin fin?



El martes hablé en este espacio de las pensiones y las jubilaciones y de la inutilidad de la Dirección de Pensiones del gobierno estatal como instancia donde los trabajadores se jubilen o pensionen.
Veamos el asunto: los trabajadores de los ayuntamientos, gobierno estatal y los demás poderes, así como los de organismos descentralizados, estatales o municipales, entregan quincena a quincena una lana a la Dirección de Pensiones y otra parte similar pone su patrón, es decir, el ayuntamiento, organismo o poder de que se trate.
Ese dinero que recibe la Dirección de Pensiones se utiliza para hacer préstamos a los propios trabajadores aportantes, sindicalizados, de base o de confianza. Hasta ahí, todo parece ir bien. No hay ningún problema.
El asunto es que cuando un trabajador se quiere pensionar, no va a la Dirección de Pensiones a hacer su trámite, sino que lo hace directamente ante su sindicato o la última dependencia donde laboró, en caso de ser de confianza.
Ahora bien, ¿qué pasa con los fondos aportados por los ayuntamientos, gobierno estatal, organismos descentralizados, estatales y municipales, y de los poderes judicial y legislativo?
Eso es algo que debe responder el director de Pensiones. 
Ahora bien: si los fondos que entregan los trabajadores y los patrones no tienen como finalidad otorgar los pensiones a quienes así lo soliciten, ¿qué caso tiene que todos los patrones: ayuntamientos, gobierno estatal, organismos descentralizados estatales y municipales, poder judicial y poder legislativo, entreguen cada quincena la parte proporcional de cada trabajador?
Con esto me refiero a la parte que les corresponde a los patrones entregar y no a las retenciones hechas a los trabajadores, por concepto  de sus aportaciones al fondo de pensiones y por los préstamos obtenidos de Pensiones.
Porque los ayuntamientos entregan a Pensiones el dos y medio por ciento de sueldo y sobresueldo de cada uno de sus trabajadores, mientras que los trabajadores aportan el cinco por ciento de esos mismos conceptos y el gobierno del estado aporta tan sólo el uno por ciento.
Desde la entrada, hay una desproporción enorme, un desequilibrio entre lo aportado por los ayuntamientos, los trabajadores y el gobierno del estado. ¿Es justa esta situación? Evidentemente, no. ¿Es legal? La respuesta es obvia: sí.
Ahora bien, aunque la Dirección de Pensiones no pensiona ni paga las jubilaciones, ¡¡¡se queda con lo que los trabajadores aportan a esa dependencia en los años que hayan trabajado!!!  Más aún, los trabajadores no pueden retirar sus fondos de pensiones cuando se vayan a jubilar, porque la ley no les permite hacerlo, so pena de no ser pensionados. Es decir, si un trabajador solicita que le sea entregado su fondo, entonces ya no puede ser pensionado, ni jubilado. ¡¡¡Todo ello a pesar de que la Dirección de Pensiones no jubila ni pensiona a nadie!!!
Es todo un encaje legal. Todos esos fondos de los trabajadores pensionados o jubilados se quedan para integrarse al patrimonio de Pensiones. Pero eso es legal, pero puede pelearse contra ello e los tribunales, porque son fondos propiedad del trabajador, no de la dependencia.
Pongo el caso de un trabajador del ayuntamiento de Manzanillo: cumple 30 años de servicio y solicita su jubilación. Se autoriza y el ayuntamiento le empieza a pagar, de su propio presupuesto, su jubilación a partir de la fecha determinada. Hasta ahí todo bien. Por eso pregunto: ¿por qué no puede el trabajador recoger sus aportaciones hechas a la Dirección Pensiones del Gobierno del Estado, si ésta dependencia no le paga su jubilación y tampoco entregó esos fondos al ayuntamiento respectivo. Simple y llanamente se queda con las aportaciones que trabajador y ayuntamiento hicieron a lo largo de 30 años. Campechanamente, sin ninguna responsabilidad de ningún tipo. Esto es un duro golpe a la economía de los ayuntamientos y de los trabajadores.
Pero el asunto tiene otra cara: los ayuntamientos, gobierno del estado, congreso, supremo tribunal, organismos descentralizados, suelen no entregar a Pensiones las aportaciones que los trabajadores hacen y que les son descontadas quincena a quincena por sus respectivos patrones y a ello debe aunársele que los descuentos por los préstamos recibidos por los trabajadores, tampoco son enterados a la dependencia estatal.
Esto crea un embrollo económico, serio grave, para todos los involucrados: trabajadores y patrones. Por eso en varias ocasiones, los trabajadores se molestan cuando les dicen que no hay dinero para prestar porque sus patrones no han enterado a Pensiones las aportaciones de los trabajadores, ya no digamos las de los patrones.
En este sentido, pregunto y me pregunto: ¿qué caso tiene seguir para los patrones aportando a pensiones la parte que les corresponde, dado que es un dinero que no van a recuperar jamás?
Desde mi punto de vista, los ayuntamiento deberían de dejar de aportar el dos y medio por ciento a Pensiones, a fin de cuentas, esos recursos no tiene caso entregarlos, mejor dejarlos para ir formando un fondo que coadyuve en el pago de jubilaciones y pensiones a su propios trabajadores.
Es mi punto de vista y voy a esperar a los nuevos diputados para ver qué hacen al respecto, porque los actuales, según el hoy presidente de la Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios, Rigoberto Salazar Velasco, se la pasaron haciendo estudios acerca de cómo resolver el asunto de las pensiones y no hicieron nada, excepto posponer la autorización de muchas pensiones y jubilaciones.
Veremos y comentaremos.
Tres Comentarios al Margen
1. Según me informó un altísimo personaje, el aún senador priista Rogelio Rueda Sánchez, podría ser nombrado la próxima semana como Secretario General de Gobierno, en sustitución de René Rodríguez Alcaraz, quien llegó ahí tras haber ocupado la presidencia del Tribunal Electoral del Estado.
2. ¿Ya sustituyó el alcalde Villa de Alvarez al director de seguridad pública por no haber aprobado los exámenes de control y confianza? Por lo visto, no sólo es un solapador, sino que va en el rumbo de la complicidad abierta y que poco le importa el cumplimiento de sus responsabilidades públicas. Las pruebas son muy claras.
3. Hoy es un día especial. Día de estar con la mujer amada, con la esposa, amiga, compañera.
Twitter: @macosta68

martes, julio 24, 2012

Jubilaciones y Pensiones, El Calvario


Uno de los problemas financieros más serios que se encuentran los alcaldes al iniciar el proceso de entrega-recepción es el relativo a los adeudos con la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado.  Esto no es algo nuevo, pero o por ello deja de tener aristas que vale la pena comentar en este espacio.
En primer término, el nombre de la dependencia es en sí misma, una falacia, a los más, un sofisma: Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado. Desde allí empiezan las preguntas: ¿todas o algunas de las pensiones y jubilaciones del gobierno estatal y de los ayuntamientos son pagadas por esta dependencia?
La respuesta es no. Ninguna pensión o jubilación es cubierta por la dirección de Pensiones, vaya, ni siquiera es tramitada por esta dependencia.
El sistema de pensiones en Colima tiene, más o menos, este procedimiento: en los ayuntamientos, son los cabildos los que aprueban las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que así lo solicitan y que prueban tener los derechos para ello.  Se analiza su ficha laboral, se ve cuántos años tiene trabajando para el ayuntamiento o cualquiera de sus organismos descentralizados, se somete al cabildo , se aprueba y se empieza a pagar a partir de la fecha acordada. 
En el gobierno del estado, por desgracia, las cosas no son así de simples. Un trabajador que desea ser pensionado o jubilado debe acudir a la dirección de recursos humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF),  debe esperar que le hagan su estudio, que lo apruebe el titular de esa dependencia, SAF.
Después de ese trámite, se va a la secretaría general de gobierno, donde se supone que la deben enviar al congreso, pero la realidad es que la entretienen todo el tiempo que pueden, con el pretexto de que no la ha autorizado el gobernador.
Después la llevan al congreso y luego a ver cuándo se le antoja a los diputados llevarla a comisiones y luego al pleno. Todo un circo donde el trabajador debe andar casi suplicando detrás de los funcionarios mencionados para que le hagan el favor de reconocer su derecho de recibir una pensión o jubilación por los años trabajados para el gobierno estatal.
Toda una hazaña es que un trabajador, fundamentalmente de confianza, sea jubilado o pensionado. Los diputados quieren bajarle el monto a que tiene derecho y se pasan por el arco del triunfo los derechos de los trabajadores señalados en las leyes respectivas. Los diputados se convierten así en el peor de los castigos posibles para estos trabajadores que, entretanto, suelen pasar las penas y las amarguras de no tener un ingreso para mantener a sus familias, porque su pensión o jubilación no se ha autorizado y ellos ya están desempleados.
En la federación, un trabajador que trabaja para cualquiera de los tres poderes y cumple con los requisitos marcados en la ley respectiva, sencillamente hace su trámite y lo demás es lo de menos. No requiere la autorización del presidente de la república para que un trabajador de confianza del gobierno federal sea pensionado por el ISSSTE o el IMSS, según sea el caso, o por cualquiera otra dependencia de manera directa, sino que se sigue un trámite que tiene términos y tiempos fatales.
Tampoco requieren andar rogándoles a los coordinadores de los grupos parlamentarios de la cámara de diputados,  de senadores o de ambos, para que sea autorizada su pensión o jubilación.
Sólo pregunto: ¿cuántos casos hay atorados de pensiones y jubilaciones que no se han otorgado porque no desean hacerlo los responsables de las dependencias involucradas y los diputados locales?
La pensión o jubilación debe ser un trámite expedito, que no necesite más tiempo que el necesario para cumplir con la presentación de los documentos, que expiden las propias dependencias estatales.
La pensión y la jubilación es un derecho de todo trabajador que no puede, ni debe, estar sujeto a la discreción o capricho de funcionarios y diputados. Las pensiones las paga el gobierno estatal de manera directa.
Por otra parte, desde hace pocos años se bajó el salario a todos los trabajadores de confianza y se les asignan compensaciones enormes, con el fin de que a la hora de pensionarlos o jubilarlos sus emolumentos sean raquíticos, ridículos, pero se les olvida que en un juicio laboral se les puede revertir esa situación.
De esta manera, la pregunta es obvia: ¿para qué hacerlo?
Ahora bien, si las pensiones las pagan los ayuntamientos y el gobierno estatal y sus organismos descentralizados, ¿para qué deben aportar los ayuntamientos recursos a la dirección de Pensiones del Gobierno del Estado?
De esto hablaremos en otra ocasión.
Tres Comentarios al Margen
1. ¿Alguien se acuerda de la película argentina La Cigarra está de luto? Viene a cuento el asunto porque en Michoacán hay dos ayuntamientos que cerraron sus puertas: el de Morelia, que lo hizo por una quiebra técnica y el de Susupuato, que lo hicieron ante la ola de violencia que se vive en esa localidad. Presidencias municipales cerradas, servicios públicos que se dejan de brindar (limpia y seguridad pública, entre las principales), nos dicen hacia dónde caminan los ayuntamietnos del país.
Eso pasa también en Colima y ya el gobernador Mario Anguiano Moreno dijo que el asunto se pondrá peor debido al proceso de entrega-recepción de la administración federal, se van a recortar los recursos a estados y municipios. Aquí, los mayores problemas que se han conocido son los del ayuntamiento de Colima, pero en Manzanillo también hace agua el barco y las deudas a corto plazo ahogan a la administración porteña, según me fue informado. ¿Qué sigue?
2.  Si el argumento de los panistas locales para que les asignen más diputados plurinominales es que al PRI, con “apenas” dos or ciento más de votación efectiva le dieron cuatro diputados y al PAN “sólo” una, ya se fregaron. El Código no habla de cuánto debe ser la diferencia mínima entre el primero lugar, sino sólo hace referencia al partido con mayor votación efectiva para que se sirva en primer lugar, tras haber otorgado una plurinominal a todos los que alcanzaron el 2.5 por ciento de la votación efectiva. Ya veremos.
3. Disfruta más con la discrepancia inteligente que con la conformidad pasiva, si valoras la inteligencia como debieras, aquélla significa un acuerdo más profundo que ésta. Bertrand Russell
Twitter: @macosta68

martes, julio 10, 2012

PANAL, Transparentar Procesos



Durante el proceso electoral,  los colimenses nos enteramos que al dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Esteban Meneses Torres,  era acusado de haber cometido una serie de tropelías, entre ellas haber falsificado firmas para presentar ante el Instituto Estatal Electoral de Colima, la relación de candidatos a diputados plurinominales, encabezados por el propio dirigente estatal.
Hubo algunas notas respecto de la denuncia hecha por un presunto consejero estatal de ese partido y que, también presuntamente, otros más alegaban no haber sido convocados a reunión alguna, por lo que desconocían la relación y exigían a la autoridad electoral su invalidación al no haber cumplido con lo estipulado en los estatutos de ese partido, al respecto.
Sin embargo, el hecho de que Jesús Villanueva Gutiérrez, secretario general de la Sección Seis del SNTE, candidato por el PANAL  y ganador de la elección para diputado local e el VII distrito electoral local, haya ratificado su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por falsificación de firma y los delitos que resulten, da un nuevo giro a la historia.
Villanueva Gutiérrez es un hombre serio, de eso no hay duda. El hecho de que haya ido a la PGJ a presentar una denuncia, y luego a ratificarla, significa que tiene razones fundadas para hacerlo. Dice que alguien falsificó su firma en un documento donde se dice que hubo reunión del consejo estatal de su partido, PANAL, y se asentó su aceptación de ir en le tercer lugar de la lista de nueve candidatos a diputados plurinominales de ese partido, relación encabezada por Esteban Meneses Torres. Asegura que todo ello es apócrifo.
Aun cuando no acusa directamente a Meneses Torres de la falsificación de su firma y la elaboración de documentos apócrifos, sí hace ver que el beneficiario directo de esa acción es el dirigente estatal de Nueva Alianza.
El asunto debe resolverlo pronto la PGJ, porque en esta semana el IEEC hará el reparto de las diputaciones plurinominales y entregará las constancias correspondientes.
Para mejor comprensión del asunto, vale la pena reproducir aquí lo que los estatutos del PANAL señalan como procedimiento para la aprobación de candidaturas.
Son dos artículos  los que tienen relevancia en este asunto y aquí los transcribo. En primer término, el Artículo 56, que dice así: “El Consejo Estatal elegirá en su primera sesión al Presidente estatal y a su secretario general, en fórmula, o del Distrito Federal, y a propuesta de aquél designará a los integrantes La Junta Ejecutiva Estatal, los que tendrán a su cargo la representación y la conducción de Nueva Alianza en su ámbito territorial con la aprobación del Presidente de la Junta Ejecutiva Nacional.
El Consejo Estatal será presidido por la Junta Ejecutiva Estatal. Será Presidente del Consejo Estatal el Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal.
Para que el Consejo Estatal pueda sesionar y adoptar resoluciones válidas, deberán estar presentes, por lo menos, la mitad más uno de sus integrantes.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, salvo disposición en contrario de estos Estatutos. En caso de empate, será de calidad el voto del Presidente de La Junta Ejecutiva Estatal.  (El subrayado es mío)
Los órganos de dirección estatal y el Presidente estatal ejercerán, en su respectivo ámbito, facultades equivalentes a las conferidas en estos Estatutos a los órganos de dirección nacional.
El Artículo 57 señala, en su primer párrafo, lo que nos interesa: Además de lo establecido en el artículo anterior, el Consejo Estatal tendrá facultades para:
I. Postular, a propuesta de La Junta Ejecutiva Estatal, a los candidatos a gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal, diputados estatales o diputados a la Asamblea Legislativa”. Fin de la cita.
Dos asuntos quedan claros: primero, el presidente no puede, por sí solo, designar candidaturas a ningún cargo. No hay tal, aunque en algunos medios se diga lo contrario. Los estatutos son claros al respecto. Segundo: se requiere la aprobación mayoritaria del consejo para la postulación de los candidatos a diputados plurinominales.
Puede parece cosa menor que el dirigente estatal del PANAL haya mentido a su dirigencia nacional al enviar documentos presuntamente apócrifos y donde se habría dado cuenta de reuniones no  realizadas y dar cuentas de hechos no ocurridos para obtener la autorización para su registro, como claramente lo marcan los estatutos.
No es un asunto menor la acusación lanzada en contra de Esteban Meneses Torres y quienes lo han acusado, de manera directa e indirecta, deben probar sus dichos,  porque con ello se afecta la credibilidad no sólo de unas personas, sino de instituciones.
Este es un asunto que requiere una resolución urgente. El dirigente estatal de Nueva Alianza ha guardado silencio ante la denuncia de Villanueva Gutiérrez y, desde mi punto de vista, es mejor así. Todo debe ser resuelto y  declarado ante la PGJ y los órganos electorales, el Instituto y los Tribunales, en su caso.
Los partidos y sus miembros están obligados a apegarse a la ley. Esta es una obligación mínima. Por ello, es necesario que acusadores y acusado transparenten los procesos de promulgación de candidatos a diputados plurinominales y que la autoridad de fe de que se ha hecho todo ajustado a la norma estatutaria.
Veremos qué ocurre y comentaremos al respecto
Tres Comentarios al Margen
1. Hubo un gran negocio. Compraron a una mujer una parcela en ocho millones, pero le dijeron que le iban a dar nomás siete porque el otro era para un “alto” jefe. Luego, el abogado de la señora se dio cuenta de que la parcela tenía un valor de 43 millones pesos y eso fue porque el notario que lleva el proceso se equivocó al llamarle al celular  y darle toda la información, pensando que era al “jefe” a quien tenía en la línea. El abogado pidió 15 millones para su cliente. Tengo el nombre de la señora, del notario y del “jefe”. Este sólo es uno de los muchos negocios que andan haciendo, me dijo mi fuente.
2. Tras las elecciones, vale la pena hacer un paréntesis en la publicación. Nos vemos aquí el martes 24 de este mes.
3. Acatar el veredicto de las urnas implica aceptar la medida de las derrotas y de las victorias.  Jesús Silva Hérzog Márquez
Twitter: @macosta68