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sábado, septiembre 16, 2000

Universidad de Colima, Autonomía y Democratización Interna

II y último

En nuestra sociedad –una sociedad nueva, más actuante, más viva y más demandante– el análisis acerca de la autonomía en la Universidad de Colima requiere de una amplia y profunda reflexión y discusión, antes de hacer llegar la iniciativa al seno del Congreso, ello permitiría establecer verdaderos consensos y no esperar milagros o temer concertaciones políticas para alcanzar acuerdos al respecto.

De lo contrario, apuntaríamos hacia una discusión cerrada, tal vez con personas calificadas en grado sumo, pero sin la decisión carecería de legitimación social.

En este contexto, la autonomía universitaria no es un asunto capaz de ser resuelto de una vez y para siempre o de un solo golpe por la vía de una sesuda y harto farragosa iniciativa. Se requiere llevar a cabo un proceso lento pero continuo, donde se trabajen un conjunto de ideas básicas y a partir de ellas se establezcan y precisen límites, alcances y consecuencias de una nueva definición de autonomía. De todo esto se obtendrán nuevos y claros conceptos y se establecerán compromisos entre las partes para llegar a consensos sin grandes dificultades, donde haya un destino razonablemente cierto para esta universidad tan nuestra y tan en riesgo de caer en desastrosas polarizaciones.

Se trata de hacer una reforma de lo implicado en el concepto autonomía, en sus consecuencias, en sus alcances y en sus límites. Aun cuando debamos ir paso a paso, no debemos olvidar un hecho: si hacemos a un lado la reflexión sobre este asunto, nos veremos rebasados por la realidad en el nuevo siglo y para evitar este riesgo, la sociedad debe ser consultada al respecto y su opinión debe formar parte sustancial de la nueva definición de la autonomía universitaria.

Sin embargo, aun con el marco jurídico actual, en la Universidad de Colima están obligados a ir a fondo en esta cuestión, por el bien de la propia universidad y de la sociedad en su conjunto. Así, la consulta a los miembros de la comunidad universitaria debe ser parte de la normalidad democrática y no una excepción. Más aún, la autonomía debe llegar hasta las escuelas, facultades y centros de investigación; de esa manera, en procesos abiertos y con reglas precisas y claras, los propios trabajadores, los propios docentes decidirían en forma abierta y democrática a sus autoridades inmediatas. Subrayo: esta forma de actuar debe convertirse en norma y no ser una mera excepción.

Porque en estos tiempos, autonomía significa democracia hasta sus últimas consecuencias. La universidad es una comunidad pequeña, donde conviven seres pensantes, dedicados fundamentalmente al estudio, a la reflexión y a la investigación; donde no hay problema capaz de impedir la realización de este propósito y donde el ejercicio cotidiano requiere mantenerse ajeno a interés partidario alguno. Por el contrario, la acción política al interior de la universidad debe verse como parte de lo estudiado y como ejercicio cotidiano del más alto rango social.

Asimismo, la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la universidad es exigible, pues no hay, no debe haberlo jamás, ningún interés en obtener utilidades económicas, porque la mayor utilidad debe ser social. Sin embargo, el problema de la Universidad de Colima no es tanto de manejo transparente de recursos económicos, sino de la necesaria democratización interna. Este es el talón de Aquiles de muchas universidades y por ello no pueden llegar a la verdadera autonomía integral. La crisis de muchas universidades mexicanas es producto de la concentración del poder en manos de sus rectores. El ingreso, la permanencia y la promoción del personal al interior de estas instituciones necesita quedar en manos de órganos estrictamente académicos y para eso se requiere precisar, con toda claridad y antelación, las reglas para la basificación y la promoción del personal, usadas hasta hoy como espadas de Damocles sobre los cuellos de muchos docentes. No debe haber espacios para la componenda o la imposición de personas recién llegadas a las escuelas, sin mérito alguno para tener responsabilidades de esa naturaleza y al mismo tiempo pisotear los legítimos derechos de quienes han trabajado, se han superado y han entregado lo mejor de sí en aras de su universidad.

Por otra parte, al academizar este tipo de decisiones y establecer comisiones debidamente acreditadas para legislar sobre esto, el rector en turno tendría más tiempo para ocuparse y preocuparse del aspecto sustantivo de su función: coordinar el quehacer de la comunidad universitaria.

En estos tiempos, cuando el concepto de aldea global es cada vez más cierto, la globalización económica ha traído aparejada una globalización política y una nueva exigencia democrática por parte de la sociedad. El nuevo orden mundial propugnado devino en la caída del muro de Berlín y la pulverización de la URSS, por citar sólo algunas de sus más significativas consecuencias. Ahora, hay nuevas reglas y se trata de establecer un nuevo pacto político y ello implica a las universidades, como diría Perogrullo.

Pero contra lo opinado por muchos, no se trata de hacer de las universidades entidades vulnerables a las fuerzas externas y a las acechanzas de los políticos; por el contrario, se trata de darles transparencia, de incrementar sus niveles de credibilidad social y de establecer nuevas correlaciones de fuerzas en su interior y ello significa fortalecer y darles vigencia plena a los órganos de gobierno internos.

Porfío: autonomía debe ser sinónimo estricto de democratización interna y ello implica, necesariamente, la delegación de funciones –hasta hoy concentradas en el rector en turno–, compartir responsabilidades y dejar la toma de decisiones trascendentales en órganos colectivos legitimados. Porque la autonomía no debe quedar en el sólo hecho de elegir al rector, pues debe llegar hasta la elección de los directivos de las facultades escuelas y centros de investigación, ámbitos donde realmente interactúan docentes, directivos y alumnos y son quienes conocen, padecen y enfrentan los problemas en sus ámbitos de acción.

Tener facultades sólo para nombrar a los miembros del Consejo Universitario no llena y no podrá llenar jamás las aspiraciones de muchos universitarios; por el contrario, desean ejercer sus derechos a plenitud, porque están conscientes de un hecho: la autonomía y la democracia sólo tendrán plena vigencia en la Universidad cuando ellos tengan facultades para elegir, en uso de su libre albedrío, a quienes mejor representen sus intereses y los de sus comunidades académicas, como sus directivos inmediatos. Debe pasarse de la facultad imperial del rector de mover y remover a su voluntad a directivos y docentes, a la normalidad democrática de dejar en manos de los trabajadores de cada escuela, de cada centro de investigación y de cada facultad, la capacidad de regir su vida interna.

Como en casi todos los ámbitos de la vida nacional, en el seno de la Universidad de Colima se reprodujo el esquema autoritario y omnímodo, donde el rector en turno impone su voluntad al Consejo. En consecuencia, el Consejo Universitario necesita convertirse en un verdadero contrapeso democrático, legítimo, de la voluntad imperial del rector en turno. Es, por ley, el máximo órgano de gobierno al interior de la universidad. Por ello, su responsabilidad ante la sociedad es mayúscula. La Universidad de Colima necesita un Consejo convertido en verdadero órgano donde se tomen decisiones en forma colegiada, donde prive la unidad de propósitos dentro de la diversidad de opiniones; un Consejo donde reine la reflexión y no la genuflexión.

Es tiempo de repensar a la universidad y de establecer, como lo dije en abril, una teoría de la universidad asociada a una teoría de Colima. Al respecto, reconozco dos hechos: el pragmatismo abomina este género de teorías y muchas mentes lúcidas y generosas se han dejado abatir por el cansancio y la desilusión. Sin embargo, es preciso formular nuevamente esta convocatoria, con terca perseverancia; formularla en alta voz, con la más honda convicción: repensemos a la universidad.

Si no tenemos certidumbre plena de qué es y qué debe ser nuestra universidad, ¿cómo conoceremos su rumbo, su carácter y su destino? ¿Acaso no se demanda en todas partes esta clarividencia voluntariosa? ¿No la necesita cada ser humano para arreglar su propia vida? ¿No la requieren la entidad y la nación, para enfilar su camino? Ciertamente podremos formar esa teoría de la universidad y formalizar tras ella una práctica universitaria capaz de brindar en poco tiempo óptimos frutos, todo gracias a un pleno ejercicio de la autonomía universitaria.

En la Universidad de Colima está lo mejor de la sociedad, soy un firme creyente de ello, y este deber de ser vanguardia de la sociedad, la obliga, en primerísimo lugar, a repensar su autonomía en términos modernos, y en consecuencia, a repensar su organización interna.

Por todas estas razones, la reforma de la universidad, de su autonomía llevada al límite, debe ser producto del consenso entre todos los sectores de la sociedad. Hoy, aún es tiempo de una autorreforma de la universidad, porque la alternativa es simple y directa: se autorreforma o la oposición la reforma, con las consecuencias previsibles.

TRES COMENTARIOS AL MARGEN

1.- Hoy se llevará a cabo el Foro estatal de consulta para la reforma de la ley ganadera actual, promovido por la Comisión de Asuntos Agrarios de la LII Legislatura del Congreso local. Esta Comisión está presidida por el diputado priísta, Eduardo Morales Valencia. El acto iniciará a partir de las once horas y se hará una discusión entre mesas de trabajo, donde habrán de analizarse los aspectos jurídico, de comercialización y abasto y de sanidad animal.

2.- El esposo de una regidora es director de área en un ayuntamiento. ¿Es nepotismo? En estricto sentido no lo sería, pues es su marido, no su sobrino; sin embargo, en términos jurídicos no sé si pueda existir algún problema.

3.- “(…) Pero la represión y la tortura

de nada sirven, de nada (…)” José Emilio Pacheco.

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