Escuché en la radio local las declaraciones del diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez acerca de que auditarán al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y, además, interpondrán demanda penal por enriquecimiento ilícito, en contra de los líderes de dicha organización. No son de extrañar las aseveraciones del panista, quien preside la Comisión Permanente, porque suele tener ese tipo de desplantes y la prueba está en que demandó -en diciembre del año anterior, si mal no recuerdo- al columnista de Panorama y La Opinión, Bibiano Moreno Montes de Oca, por un comentario hecho por éste acerca de un supuesto incidente donde se involucraba a Jorge Luis Preciado Rodríguez.
La auditoría al sindicato es un asunto que vale la pena comentar y donde yo preguntaría si, por recibir fondos públicos en forma, allí sí, de subsidios, se va a auditar a la CODECA, a todas las organizaciones de discapacitados, a los bomberos, a los asilos de ancianos y demás beneficiados con dichos fondos. La pregunta es obvia: ¿es el sindicato un organismo público descentralizado? ¿Recibe el sindicato subsidios del gobierno estatal? ¿Existe entre el sindicato y el gobierno un convenio de particularidades, es decir, un documento donde se asienten las prestaciones y demás beneficios colaterales que recibirán los burócratas y su representación sindical? Más claro todavía: ¿son subsidios o pagos legítimamente establecidos en un convenio? ¿Son los convenios para hacerse valer o valen tanto como el papel donde están escritos? ¿Está obligado el gobierno estatal a respetar el convenio firmado aunque se hayan congelado las partidas destinadas a cubrir parte de esos acuerdos legales?
La parte relativa a la demanda penal por supuesto enriquecimiento ilícito es también interesante, sobre todo porque en nuestro sistema de justicia, quien acusa está obligado a probar. Pero quiero hacer algunas reflexiones en forma de interrogantes: ¿tiene interés jurídico legítimo un diputado, por más presidente de la comisión permanente que sea, a entrometerse en los asuntos internos de una organización sindical a la que no pertenece? ¿Son los partidos políticos parte interesada en este asunto? Van a permitir los burócratas que ello ocurra?
Lo veremos en los próximos días.
TRES COMENTARIOS AL MARGEN
1.- Los priístas tomaron la presidencia municipal de Manzanillo. ¿Las razones? Usted las conoce. Se trata de que la alcaldesa decidió anular la victoria de Carlos Magaña en las elecciones para la Junta Municipal. Ayer por la tarde hubo marcha, mitin, intento de negociación y, finalmente, la toma del edificio.
Hoy, como nunca, estamos obligados, todos, a respetar la voluntad ciudadana. Esta es una necesidad para contribuir a ampliar los cauces de esta incipiente democracia. Aceptar cuando se pierde es un requisito indispensable para mantener el clima de tranquilidad y paz social, tan necesario en las difíciles condiciones en que estamos viviendo, La soberbia y la sinrazón debemos hacerlas a un lado y privilegiar las vías del diálogo, la concordia, la negociación y, sobre todo, el respeto a los legítimos derechos de los demás.
2.- Los problemas en la XEBCO continúan a todo vapor. La gerenta le apuesta a la confrontación y ahora pretende “ (…) conculcar sus derechos laborales, a través de acciones incluso ilegales, como duplicar la jornada laboral, el cambio de funciones del personal de base e inamovible, y el trabajo de horas extras sin el pago correspondiente. (…)”, afirman, en un documento que me fue entregado apenas ayer. Según este documento, la gerenta suprimió la transmisión del noticiero “ Colima Informa” porque: “ (…) la gente está harta del gobernador, de los diputados, de los políticos (…)”.
Hay más y habrá tiempo para darlo a conocer. Ya lo verán.
3.- Carlos Vázquez Oldenbourg, alcalde capitalino, dice que Miguel Angel Novela Villalobos propuso que la elección de las autoridades de las juntas municipales fuera “(…) a navaja limpia (…)”, es decir, que todos, todos, absolutamente todos, podrían intervenir abiertamente en dicho proceso y la propuesta fue aprobada por todos. Al respecto planteo unas preguntas: ¿se permite en el ordenamiento respectivo, para variar aprobado en la época de los diputados sotaneros, si mal no recuerdo, del cual el regidor Miguel Angel Novela era coordinador, que miembros del cabildo hagan propaganda en favor de determinados candidatos? Si está permitido, Novela Villalobos no tendría que haberlo solicitado al cabildo, es decir, no se pide permiso para el ejercicio de un derecho de esta naturaleza, ¿o sí? De no estarlo, entonces, todos, todos, absolutamente todos, los miembros del cabildo violaron la ley.
¿Puede el cabildo, así sea por unanimidad, aprobar la violación de una ley, cualquiera que ésta sea?
Y en su caso, ¿Cuál es la responsabilidad legal de estos ciudadanos?
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