El martes reproduje parte de mi columna número 530. Hoy, por razones de su trascendencia en la coyuntura actual, le recuerdo lo escrito en mi colaboración 539, publicada en mayo de este año. Escribí entonces lo siguiente:
“(...) La nueva sociedad
La sociedad está inmersa en un profundo proceso de cambio. Estos cambios han generado nuevos equilibrios en todo lugar donde haya concentración de poder, ya sea unipersonal o de un grupo o partido político, es decir, la nueva correlación de fuerzas, conlleva a una distribución distinta del poder.
Los organismos e instituciones incapaces de ajustarse, de renovarse sus métodos, sus formas de actuar, han sufrido serias crisis y los resultados no siempre han sido los mejores, tal como ha ocurrido a partidos políticos y gobiernos, quienes, metidos en rígidos esquemas, incapaces de ajustarse a los nuevos rumbos, métodos y exigencias de la sociedad, se han convertido en víctimas y no en beneficiarias del cambio.
Hace muy poco expuse mi opinión acerca del pasado, del presente y de los retos a enfrentar en el futuro por la Universidad de Colima y los universitarios, encabezados por su rector, Carlos Salazar Silva. Funcionarios, alumnos y trabajadores universitarios me expresaron sus coincidencias y disensos respecto de lo escrito en aquella ocasión.
Repensar la Universidad
Ahora, insisto: hablar de la universidad, de sus problemas, de sus limitaciones, de sus programas, de sus virtudes y defectos es, no sólo un acto de plena libertad de expresión, sino, lo más importante, una necesidad cada día mayor en nuestros días. La universidad de Colima no es una isla. Pertenece a todos. Todos estamos obligados a repensar la universidad. A debatir amplia y libérrimamente sobre ella. A justipreciarla, sí, pero también a proponer soluciones para mejorar su funcionamiento, para llevarla a la tan anhelada excelencia académica. No se trata de atacar a nadie, sino de expresar abiertamente opiniones y conceptos acerca de nuestra universidad. En la discusión sobre la universidad no hay temas prohibidos, no hay tabúes. Hoy, como en 1968, sólo hay una prohibición: prohibido prohibir.
Después de 25 años de iniciadas las etapas de crecimiento y expansión y tras casi dos décadas de haber sido aprobada su Ley Orgánica, resulta totalmente natural la existencia de condiciones distintas a las existentes cuando el ordenamiento entró en vigor. Asimismo, hoy se generan inquietudes entre los universitarios, voces donde se escuchan propuestas de los nuevos rumbos, los nuevos modos y la necesidad de replantearse rumbo, forma de gobierno y propósitos de la universidad pública.
La universidad es un organismo de interés público. Por mandato de ley, se sostiene con recursos provenientes de los gobiernos federal y estatal. Y aquí está uno de los puntos torales: En el vendaval económico, producto de esta crisis recurrente cuyo fin nadie puede predecir con certeza, la universidad debe hallar soluciones complementarias, aunque jamás olvide ni ceda un ápice en el presupuesto federal, cuyo monto debe crecer y bastar para la tarea fundamental.
Sin embargo, se necesitan más recursos para ampliar la capacidad de la institución y retener a sus integrantes, para evitar la pérdida de investigadores y docentes de calidad. En este sentido, la gestión rectoral resulta fundamental para establecer convenios con diversos institutos, organismos y gobiernos con deseos de invertir en proyectos específicos. Ya se ha hecho antes con excelentes resultados. En cuanto a la distribución del gasto, debe establecerse un régimen de estímulos económicos para evitar la deserción de investigadores y académicos.
Sin embargo, para allegarse recursos adicionales debe tenerse sumo cuidado en no tomar la ruta fácil de incrementar las cuotas de talleres y laboratorios a los alumnos y la contención de los salarios de los trabajadores, porque las consecuencias podrían llegar a ser imprevisibles.
Hubo quienes, en uso de su derecho y en defensa de “su teoría” de cómo debe ser la nueva universidad, discreparon de mis puntos de vista respecto de qué tipo de formación deben recibir los alumnos, es decir, cuál debe ser el sustento ideológico de la universidad y, adicionalmente, respecto del manejo de las finanzas y, más aún, qué debe privilegiarse al interior de la universidad: finanzas sanas o alumnos y trabajadores.
Los orígenes
En primer término, es necesario recordar un hecho: La de Colima fue la última escuela de educación superior fundada en el mandato de Lázaro Cárdenas. Era la época de plena revolución, de ideas libertarias, de promover el acceso de los marginados, de quienes no habían tenido hasta entonces oportunidad de estudiar una carrera universitaria porque no había una en su entorno. En su nombre se indican origen y objetivos: Universidad Popular de Colima. Pero no es una verdadera universidad, no al menos como las conocemos hoy. Depende de la Dirección de Educación Pública del gobierno estatal en turno y agrupa en su seno a todas las escuelas e instituciones postprimarias.
Al ser una dependencia más del ejecutivo, se utilizó para dar chambas a quienes no cabían en la nómina palaciega. Como rector y directores de las escuelas se nombraba tanto a alguien relacionado con el ámbito educativo, como a un procurador en funciones, por ejemplo. Después, por obra y gracia de un gobernante, desaparece lo Popular y queda en su nombre actual Universidad de Colima. De este primer periodo, lo más trascendente es la fundación del bachillerato y de la Escuela de Derecho, apenas cuarentona.
La autonomía
Luego viene la segunda etapa, la de la autonomía universitaria. ¿1962? Precisamente en el mandato del gobernador Francisco Velasco Curiel, aunque éste se reserva la facultad de nombrar al primer rector de la época autónoma de la universidad.
Como consecuencia de la autonomía, las funciones del rector, la figura misma, crece y en consecuencia, se genera una gran concentración de poder y ello resulta justificable a la luz de los hechos, en un tiempo de expansión, precisamente cuando se abrieron más carreras y se fundaron muchas escuelas y la universidad llegó a todos los rmunicipios de la entidad.
Sin embargo, hubo quienes tenían miedo a la autonomía, a navegar por las procelosas aguas de la autodeterminación, pero fueron los menos y hoy, nadie duda de cuándo se inició el verdadero desarrollo de la universidad: a partir de su autonomía.
Y fue así porque el concepto autonomía se precisó como la corresponsabilidad compartida entre todos los universitarios y a nadie se admitió como único depositario de esa conquista colectiva.
La expansión y consolidación
Vino entonces la etapa más gloriosa de la universidad cuando la expansión y el crecimiento fueron inusitados. Aulas, talleres, laboratorios, infraestructura deportiva, centros de investigación, promoción y creación de grupos en el ámbito de extensión universitaria, la edición de libros y la puesta en marcha del CIABUC y el Centro Nacional Editor de Discos Compactos y la llegada de muchos docentes e investigadores de alto nivel le dieron un impulso académico sin precedentes. Fue entonces cuando la universidad se convirtió en una de las mejores del país, según fue reconocido por propios y extraños.
La reforma universitaria
Hoy, insisto, debemos repensar a la universidad. Este es no sólo un derecho de los colimenses. Se ha convertido en una obligación. La de Colima no puede renegar de su origen popular. No pueden olvidarse las grandes luchas enfrentadas contra el poder político para lograr la autonomía y autodeterminación para decidir rumbo y destino. Pero ese rumbo y ese destino deben ser producto de una reflexión colectiva, de una decisión consensada con los universitarios, no una tomada en solitario.
Se ha entrado a una nueva etapa y se requiere poner en marcha una gran consulta para hacer la Reforma de la Universidad y ello significa adecuar sus planes y programas, es decir, se necesita una gran reforma educativa, producto del consenso con todos los sectores de la universidad, con todos los grupos; en síntesis, debe ser producto del consenso con las distintas expresiones universitarias.
Pero ello es sólo un parte de la reforma, pero también debe haber una nueva Ley Orgánica porque, tras casi dos décadas de su puesta en vigor, las condiciones han cambiado y se requieren modificaciones para adecuarla a ellos, para ser aliada de los cambios y no su víctima, como ha ocurrido a partidos políticos y gobiernos y diversas instituciones.
En la actualidad, una cuarta parte del Consejo Universitario lo conforman los directivos de cada centro de investigación, escuela o facultad, designados por el rector, otro tanto lo integran docentes de los mismos centros de trabajo , pero cuya nominación responde por lo general a los intereses de los directivos en turno y el resto del Consejo son consejeros alumnos.
En esta nueva etapa, se necesita un Consejo Universitario más democrático, capaz de cumplir su real función y para ello se requiere legitimar su integración de conformidad con las nuevas condiciones existentes en su entorno, más representativo de los integrantes de la comunidad universitaria.
Es tiempo de hacer llegar la autonomía hasta las escuelas, facultades y centros de investigación. Es tiempo de involucrar de verdad en la toma de decisiones académicas a investigadores y docentes adscritos a centros de investigación, facultades y escuelas. Son ellos quienes deben determinar quienes deben ser sus directivos y hacerlo bajos premisas claras, en procesos abiertos y transparentes.
Hay en las diferentes escuelas, docentes y trabajadores con más de quince años de servicio; hoy, se requiere hacer cumplir el estatuto académico vigente para obtener la definitividad en la plaza y terminar con el oprobioso sistema de contratos semestrales, necesarios en los momentos iniciales de la universidad, pero denigrante e insultante ahora, cuando ya se conoce la calidad de cada uno de los trabajadores, sus resultados, su competencia profesional y su calidad humana.
La reforma debe darles mayor autoridad a los consejos técnicos de cada escuela, de cada facultad. De esa manera, tendrían libertad plena para elegir a sus propias autoridades, sus propios directivos. Por supuesto, ello hablaría del establecimiento previo de un acuerdo reglamentado, donde se planteen los requisitos necesarios para ser candidato a un cargo directivo.
Ello serviría para unificar realmente a los universitarios y para fortalecer aún más al rector en turno, porque los acuerdos alcanzados en estos consejos técnicos o en el propio Consejo Universitario, emanarían de organismos equilibrados, representativos y en consonancia plena con los principios de la autonomía universitaria.
Universidad es pluralidad. Pluralidad de pensamientos, de ideas, de opiniones. Y es también libertad para discutir, para proponer nuevos rumbos, nuevas vías, nuevos métodos de trabajo, de participación y de solución de los problemas enfrentados por la comunidad universitaria. La universidad es patrimonio de todos, no la tiene escriturada nadie.
Hasta hace poco, la Universidad de Colima se manejó como un enclave proclive al partido oficial. Pero las circunstancias han cambiado y ahora hay una nueva realidad hecha evidente el seis de julio. Ahora hay una gran pluralidad y diversidad de pensamientos y acción política en trabajadores, maestros y alumnos y ello es deseable y sano para la sociedad en su conjunto.
Pero no basta dejar de ser enclave de algún partido, deben sentarse las bases para evitar en el futuro, serlo de ninguno otro. La enseñanza fue grande y la universidad no puede exponerse a dar bandazos de un partido a otro, si quiere conservar su autonomía y capacidad de autodeterminación.
Finalmente, en la definición de una nueva universidad, todos somos corresponsables: el poder ejecutivo en sus tres niveles, los legisladores, partidos y asociaciones políticas, organismos surgidos de la sociedad civil, los grandes grupos económicos y sociales y en primerísimo lugar nosotros: los universitarios. (...)”
Hasta aquí lo escrito en aquella ocasión.
TRES COMENTARIOS AL MARGEN
1.- Muy bien el gobernador en su capacidad de respuesta ante los embates de la naturaleza. El manejo de la evacuación de los pobladores de La Yerbabuena fue oportuno y bien hecho. Ojalá no haya necesidad de hacer mayores movimientos y todo quede un buen susto.
2.- ¿Tienen razón los panredistas en hablar de un acta apócrifa o falsa, como también le han llamado? ¿Tienen razón en apostar todo al rompimiento institucional? ¿Para eso fue el cambio? Por otra parte, Jorge Luis Preciado, coordinador de los panistas, mostró una vez su gran capacidad para el insulto y para bajar el nivel de la discusión. Es muy susceptible cuando se refieren a él con adjetivos peyorativos. Sin embargo, suele emplearlos con harta frecuencia sin medir los alcances de sus exabruptos.
Pero no es tiempo de quemar el Congreso. Alguien debe tener cordura y mantener la calma. Es tiempo de devolverle la dignidad a las instituciones y sólo se logrará si hay respeto y no tolerancia hacia las palabras vertidas por otros. Si se privilegian los razonamiento y no los adjetivos a la hora de intercambiar puntos de vista. Si se asume a la política como el instrumento para establecer las leyes y las normas para regular la convivencia humana, es decir, como elemento para distender y aminorar los conflictos, al terminar con sus causas.
Es momento de volver a lo fundamental: a darle su lugar a la política como el mecanismo para darle mayor importancia nuestros puntos de encuentro, de coincidencia, de acuerdo y no a nuestras diferencias. En suma, para privilegiar cuanto nos une por encima de cuanto nos separa.
Al menos, esta es mi opinión. No sé si la de muchos o pocos, pero es la mía.
3.- “(...)los espíritus vulgares no tienen destino(...)” Platón
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