La semana pasada escribí acerca del asunto de las cuentas públicas del ayuntamiento de Manzanillo y lo hice basado en la posición asumida al respecto por Armando Martínez de la Rosa. En su respuesta, Armando Martínez dijo discrepó de mis discrepancias y señaló que nuestras posiciones al respecto eran opuestas. Armando Martínez lo escribió así: “Son dos interpretaciones de un mismo hecho: yo digo que hay un uso sesgado de facultades legales; Miguel sostiene que sólo se aplica la ley pura. Juzgue el lector.”
Bueno, pues este lunes el alcalde aceptó que violó la ley, pero que lo hizo en beneficio de la gente. Este es un hecho.
Bueno, pero Armando Martínez de la Rosa dijo en su colaboración del viernes 23 de mayo que: “Ahí mismo, da por hecho que el alcalde violó la ley porque cobró por el servicio de matanza a los tablajeros por debajo de lo establecido por la Ley de Ingresos. Se equivoca rotundamente Miguel, porque esa ley no establece tarifas. Las fija, en cambio, la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo…”
A este respecto, sólo hago mías las palabras que líneas después escribe el propio Armando Martínez: “Tiene razón Miguel, debí decir “altas probabilidades”, en términos de cálculo probabilístico. Pero, como aconsejaba Jorge Luis Borges: que el juego de palabras no empañe el concepto.”
¿Ley de Ingresos? ¿Ley de Hacienda? ¿Cuál es la diferencia, si al fin y al cabo una de ellas fue violentada? Por lo demás, no hay ninguna duda:_el alcalde violó la ley, pues así lo reconoció en la conferencia de prensa que ofreció este lunes aquí, en la capital del estado.
Pero Armando Martínez enfatiza sobre el asunto, al señalar que: “En todo caso, existe la posibilidad, prevista por la propia ley, de hacer rebajas en cobros de jurisdicción municipal. Dice el artículo segundo de ese ordenamiento: “El Cabildo, (las negritas son mías) de conformidad con la reglamentación correspondiente, podrá otorgar incentivos y apoyos para promover la inversión, a fin de impulsar el crecimiento económico de los sectores productivos, de manera integral, sostenido y sustentable del municipio e incrementar el bienestar social de sus habitantes”. Esto es, puede autorizar descuentos, si los hubiera, u otros incentivos.
Así que por ahí la Contaduría Mayor de Hacienda se va a dar de topes con los muros de la ley.”. fin de la cita.
Precisamente, éste fue mi punto. Ahora todos saben que fue el propio alcalde quien autorizó los descuentos, sin haber recurrido al cabildo. Recordemos que el alcalde forma parte del cabildo y la ley no dice que el presidente municipal podrá hacer dichos descuentos, sino que será el cabildo, el cabildo, el que podrá hacerlos. El cabildo, cabe destacarlo, es un órgano colegiado, integrado, en el caso de Manzanillo, por representantes de tres partidos políticos, pero que, en términos generales, ha trabajado de manera ejemplar.
Estoy seguro que los miembros del cabildo habrían votado a favor la propuesta de hacer los descuentos referidos y no habría hoy nada que comentar al respecto, pero se incumplió con las formas, se violó la ley y los hechos son los hechos.
Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es: ¿son graves las faltas cometidas? No, desde mi punto de vista y desde mi experiencia como miembro del cuerpo de asistentes de los priistas integrantes de la LII legislatura local, pero sé cómo suelen llegarse a acuerdos aún en las condiciones aparentemente más complicadas en la historia política contemporánea, y cómo accedieron los priístas a sancionar a uno de los suyos, a u presidente municipal por algo que hoy parece baladí.
Sé también que la hoy senadora panista, Martha Sosa de Rodríguez García, fue sancionada e inhabilitada y en todos los ámbitos jurisdiccionales a los que recurrió le fue ratificada su responsabilidad y le confirmaron la inhabilitación.
La señora senadora panista que hoy aspira a ser candidata del PAN a la gubernatura es una señora que ya probó que a su paso por la administración pública le valieron gorro las leyes, reglamentos, constituciones, código y demás relativos, y que sólo era válida su real voluntad. ¡ Ya lo probó! ¡Allí están los hechos! ¡No fue un solo caso! ¡ Los otros prescribieron! Punto.
Ah, por cierto, cuando Martha Sosa de Rodríguez García era presidenta municipal, Antonio Alvarez era diputado local y presidente de la comisión de responsabilidades del congreso y le dio largas y largas al asunto. Defendió a la señora presidenta Martha Sosa de Rodríguez García, todo lo que pudo.
Pero lo importantes es que en el caso de Virgilio Mendoza se pueden decir muchas cosas, menos que no violó la ley y que no actuó en acatamiento a lo dispuesto en la Ley de Hacienda, porque no consultó a los miembros del cabildo, ni obtuvo la autorización de éste para cobrar menos a los tablajeros, en beneficio de la población, desde luego.
Reitero: más allá de si Virgilio Mendoza podría ser el candidato del PAN a la gubernatura, más allá de si por esa razón el PRI estaría dispuesto a inhabilitarlo para impedirle competir en esta ocasión por ese cargo, más allá de todo esto, está el hecho real de que el alcalde está rodeado de incompetentes, de traidores, de gente que no le debe nada a él, ni siquiera el trabajo pues éste fue producto de un acuerdo con algunos de los otros dos líderes morales del panismo porteño.
No es culpa de la Contaduría Mayor de Hacienda y menos de quienes votaron a favor de dejar la cuenta de Manzanillo abierta, que el edil haya cometido tales barbaridades, que no haya cuidado las formas y que, en suma, se haya puesto “de pechito” (que no de rodillas) para recibir el trancazo que le podrían zorrajar desde el congreso.
No hay persecución, todavía, desde mi punto de vista. Hay, sí, las torpezas evidentes de un alcalde que tiene un equipo de segundo y, en algunos casos, hasta de tercer nivel. Las pruebas están allí. Los hechos hablan.
Pero el alcalde tiene la palabra.
TRES COMENTARIOS AL MARGEN
1. El dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad de Colima, (SUTUC), Leonardo Gutierrez, dijo que está seguro que sus compañeros de la organización sindical apoyarían con todo al rector Miguel Angel Aguayo López, si llega a ser nominado como candidato a gobernador por el Partido revolucionario Institucional.
Fue muy claro al señalar lo anterior, pues dijo que tal expresión se deriva del hecho de que conocen bien la manera como el rector ha conducido a la universidad durante estos tres años y meses y que con él han tenido excelentes relaciones y que es una persona con la que se puede hablar de manera franca y abierta y que siempre está dispuesta a enfrentar los problemas y que tiene una actitud positiva ante la gente.
Dijo también que si el propio rector lo invitara, en su carácter de candidato del PRI a la gubernatura, a participar como candidato por ese partido a una posición de elección popular, aceptaría, porque está seguro de que sería en beneficio de la gente. Sólo puso una condición a ese apoyo: si el rector da un giro a la derecha, entonces no podríamos apoyarlo, enfatizó.
Esta no es una declaración menor, porque deja muy en claro con quién podrían jugar las fuerzas universitarias en el próximo proceso electoral.
2. Carlos Cruz Mendoza tiene razón. Si los trabajadores de la educación que se ampararon, que solicitaron amparo, por el asunto de la ley del ISSSSTE quieren demandarlo porque les aplicó los nuevos conceptos en que están divididas las aportaciones de los trabajadores federalizados al instituto, podrán hacerlo a la hora que quieran, al fin de cuentas, los trabajadores no se ampararon contra la Secretaría de Educación, sino contra el ISSSSTE y la autoridad que requirió a la SE que aplicara el descuento fue el ISSSTE. La SE sólo cumplió, como ha hecho siempre. Si ninguna autoridad o dependencia notificó a la SE quienes no deberían tener dichos descuentos, la SE no tiene responsabilidad alguna.
Por elo menos, eso me parece.
Bueno, pero la demanda le permitirá a carlos Cruz andar en los medios, como lo hace actualmente Virgilio Mendoza, el otro de Armería.
3. “Nada más peligroso que una amplia idea en un cerebro estrecho. Dios ha muerto, parece que los hombres lo mataron”. Nietzsche
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