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jueves, febrero 28, 2013

Elba Esther, Ascenso y Caída




La detención y subsiguiente defenestración de Elba Esther Gordillo Morales, dirigente formal y real del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), causó una gran conmoción  por las evidentes implicaciones de carácter político y social que el hecho tiene.
La forma como lo dio a conocer el gobierno federal fue impecable: la suerte estaba echada para La Maestra desde el momento en que se decidió ponerle fin a un enfrentamiento que no había ido más allá del plano mediático, aún.
Como a Al Capone, a la Maestra Elba Esther Gordillo la agarraron por el dinero, por acciones ilegales cometidas con los recursos del SNTE y los suyos propios, por evasión de impuestos.
La incongruencia entre sus ingresos declarados y sus gastos fue una de las pistas a seguir, según dieron a conocer las autoridades al momento de explicar las presuntas irregularidades e ilegalidades cometidas por EEGM, que ameritaron su detención.
Una de las primeras palabras a las que está asociado el golpe dado a Gordillo Morales es legitimidad. La comparación con lo ocurrido a Joaquín Hernández Galicia hace 24 años fue obligada. La necesidad de legitimación de CSG era evidente  y mucho mayor entonces.
La capacidad de operación política de Enrique Peña Nieto ha sido mayor y mucho más efectiva que la de Salinas de Gortari, pero la comparación es inevitable e igualmente válida, aunque no sé si necesaria.
Más allá de si el gobierno debe aplicar esa misma acción a otros dirigentes sindicales y políticos acusados de corrupción, lo importante es que el gobierno probó que puede aplicar toda la fuerza del Estado contra quien se le oponga y Elba Esther Gordillo Morales retó al gobierno.
Lo interesante son todos los millones sustraídos al SNTE, pero en el último congreso de la organización sindical fue aprobado el informe presentado respecto a las finanzas. El asunto es que quien manejaba, o maneja,  los recursos económicos del SNTE es el padre de la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola, la actual senadora por el PANAL.
¿Cómo pudieron ser sustraídos tantos millones de pesos de las cuentas del SNTE sin que el Secretario de Finanzas se diera cuenta?, ¿puede ser posible esta situación?, ¿qué informe aprobaron los delegados en el último congreso, si ahora se afirma que fueron sustraídos tantos millones de pesos prácticamente en sus narices?, ¿es tan inepto el Secretario de Finanzas del SNTE o fue cómplice del hecho?
La última pregunta no es menor, sino una lógica, obligada. No sé si el actual secretario de finanzas sea el mismo que era en el momento del congreso anterior, pero eso es lo de menos, lo demás es que debe ser llamado a cuentas, tanto por el SNTE, como por la autoridad civil  correspondiente.
Por lo pronto, un paso arriesgado el dado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que la sociedad puede ver con buenas ojos, sobre todo porque el desgaste mediático de Elba Esther Gordillo Morales es más que evidente y pocos, muy pocos defensores encontrará más allá de los miembros del CEN del SNTE y del PANAL.
La posición de la PGR fue clara y precisa y aquí encontrará usted el link  http://bit.ly/ZJoDTU .
Por lo demás, las implicaciones o son sencillas y sólo hago dos preguntas: ¿qué hará el SNTE, tanto a nivel central como en los estados?, ¿qué hará el PANAL, tanto en el congreso federal como en los estatales?
Unas preguntas finales: ¿muera la reina y viva el Rey será la decisión de los miembros del SNTE que tienen la representación sindical en cada estado y son delegados al consejo nacional?, ¿se inmolarán o sobrevivirán?, ¿de ser cierto que Elba Esther Gordillo sustrajo recursos de las finanzas del SNTE, exigirán su devolución o será cosa de “borrón y cuenta nueva”?
A propósito de este asunto, pregunté a un amigo, Héctor Alberto Romero Fierro, Contador Público, licenciado en Derecho, con una Maestría e Impuestos, estudiante de Doctorado, Corredor Público en Jalisco, quien me dijo que lo aplicado a Elba Esther Morales queda contenida en el  Artículo 400 Bis del Código Penal federal, que a la letra dice “Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.
La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario.”. Fin de la cita.
Además, también consignan a EEGM  por un delito fiscal grave, previsto en el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que dice: “Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.”. Fin de la cita.
El mismo Código Fiscal, en su Artículo 109, dice en su primer párrafo: “Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.” Fin de la cita.
Twitter: @macosta68

martes, febrero 26, 2013

Panistas Colimotes, Chamaqueados




La división existe en el PAN colimenses y es un hecho que cada día se ahonda más. Hay un esfuerzo permanente, sistemático,  del coordinador  de los diputados locales panistas, Héctor Inzúa, por separar de su bancada a Gabriela Benavides y Orlando Lino, por haberse quedado en la sesión donde se eligió a los magistrados del Tribunal Electoral de Colima, a pesar de la orden de abandonar dicha sesión que dio el propio Inzúa a sus compañeros de bancada.
El asunto es grave, pero muestra la profunda división que existe, que ha existido en el PAN y que ahora se expresa de manera contundente. La señora Gabriela Benavides disputó la coordinación de los diputados locales a Fernando Antero, que era el candidato del dirigente estatal, Raymundo González Saldaña. Tenía, en ese momento, mayoría de votos en su favor, cinco de ocho, la manzanillense, pero González Saldaña, al ver perdida la negociación, aplicó los estatutos y nombró a Inzúa, pensando que de esa manera las cosas estaban “planchadas”.
El asunto va más lejos, porque el grupo político en el que juega la diputada porteña al interior del PAN, es un grupo ajeno al dirigente estatal; pero no sólo ajeno, sino contrario
Al del dirigente estatal, Fernando Antero y el propio Inzúa, por lo que la maniobra de separara de la bancada panista, primero y expulsar, después a los dos diputados que se atrevieron a ejercer su derecho al  voto de conciencia, se ve como la manera de partirle su mandarina en gajos al grupo del que forma parte la diputada Benavides: el de Virgilio Mendoza.
Los panistas  en la dirigencia estatal muestran así que están dispuestos a todo para seguir conservando la capacidad de maniobra en la designación de candidaturas a cargos de elección por la vía plurinominal.
Lo he dicho antes y lo reitero hoy: desbaratar grupos, deshacer equipos políticos suele ser muy fácil. Construirlos, mantenerlos en el poder, darles la fuerza suficiente para ser no sólo competitivos, sino ganadores, suele ser muy difícil de lograr.
El proceso para expulsarlo no es sencillo, ni puede ser llevado de fast track. Se llevará todo este año y el próximo, porque puede ser llevado hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inclusive.
Todo eso lleva tiempo, el subsiguiente desgaste y sobre todo, una segura descomposición del panismo porteño. Hoy por hoy, el alcalde porteño y su grupo, del que la señora Benavides Cobos forma parte, son la principal fuerza panista en el municipio de Manzanillo y no  hay razón objetiva, ni subjetiva, que haga ver que las cosas puedan cambiar en el mediano plazo.
Apostarle a la división, al enfrentamiento es muy bueno para el partido en el poder a nivel estatal, que ve cómo su principal rival utiliza su tiempo y sus fuerzas en desfondarse, en aniquilar a sus piezas principales en el puerto.
Para los que digan que el gobernador buscó presionar u ofreció cargos, recursos económicos u otras ofertas a los presidentes municipales, o los legisladores, con tal de que votaran su propuesta de candidatos a magistrados, les recomiendo que vayan a ver la película “Lincoln”, para que dejen las actitudes de plañideras que traen y entiendan, eso espero, que los chamaquearon nuevamente.
El único ganador de todo este fandango es el PRI.
Eso es harto evidente. Al tiempo
Tres Comentarios al Margen
1. El director de seguridad pública de Tecomán insiste en que la delincuencia ha disminuido en ese municipio y la maldita realidad insiste en desmentirlo todos los días. El enésimo asalto se ha cometido en ese municipio, el enésimo asesinato, el enésimo robo y el desinhibido declarante tecomense dice que la inseguridad y la delincuencia han disminuido en Tecomán.  ¿En qué Tecomán vive el general ese, el encargado de la seguridad pública?, al parecer, no en el que gobierna Héctor Vázquez Montes, porque en ese la delincuencia hace lo que quiere, donde quiere y a la hora que quiere. Facta, non verba. Hechos no palabras. Eso quiere la población tecomense.
2. Es evidente que los delegados federales serán aquellos que fueron propuestos por el gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, al Secretario de Gobernación y a cada uno de los secretarios que fue a visitar hace no pocos días. Me parece que es una medida excelente y nada novedosa, porque igual se hizo con Fox: los delegados fueron propuestos por el gobernador en turno…donde gobernaba el PAN. ¿Se acuerdan de aquel delegado que llegó a Nayarit y fue sacado por el gobernador en friega, porque no era uno de los suyos?, literalmente fue sacado del estado por las fuerzas armadas, por orden de Antonio Echevarría Domínguez, gobernador panista, para más señas. Así que ahora es el turno del gobernador Mario Anguiano de extender su gabinete hasta las dependencias federales, todas.
3. ¿Con qué derecho os ponéis a rezar por mí?
No tengo necesidad de intercesores, me las arreglaré solo.
De un miserable, tal vez lo aceptaría: de nadie más, aunque se tratara de un santo. No tolero que se preocupen por mi salvación.
Si le temo y le huyo, qué indiscretas resultan entonces vuestras plegarias.
Dirigidlas a otra parte, de todas formas no estamos al servicio de los mismos dioses.
Si los míos son impotentes, no hay razón para creer que los vuestros lo sean menos.
Y aun suponiendo que sean tal y como los imagináis, todavía les faltaría el poder de curarme de un horror más viejo que mi memoria. Emile Michel Cioran
Twitter: @macosta68

jueves, febrero 21, 2013

Seguridad, Asunto de Todos




En estos días tan duros que vivimos, vemos actuar a las autoridades para combatir la inseguridad existente. Si bien el gobierno federal ya dio pasos para buscar resolver muchas de las causas de la violencia y la delincuencia, debemos reconocer que es necesario acometer con grandes recursos el problema de la seguridad pública.
A grandes males, grandes remedios. Y este remedio tiene un tamaño adecuado, porque constituye el anuncio de que, en lo sucesivo, el Estado mexicano atenderá la exigencia de seguridad que unifica al pueblo.
En esto no hay partidismos, sólo ciudadanos  que exigen respuesta.
Proveer a la seguridad pública corresponde a todos los gobernantes y es demanda de toda la sociedad.
Como saben los profesionales del Derecho: la razón fundante del Estado es la seguridad. Los hombres se reúnen para conseguir entre todos lo que ninguno puede obtener por sí mismo: la seguridad que le permita vivir en paz y vivir su existencia con la tranquilidad debida.
Por eso, un Estado que no satisface esta exigencia original,  reniega de su origen y carece de justificación verdadera.
Por supuesto, el Estado no sólo debe proporcionar seguridad, sino también debe establecer las condiciones de la libertad y la justicia.
¿Qué pasó con la seguridad pública en México?, por qué ahora tenemos tantos problemas con ella?, ¿por qué es ya un asunto que pasó de mera seguridad pública, a seguridad nacional?
Ha pasado muchas cosas en los últimos 15 años, pero todas tienen que ver con el manejo faccioso de la seguridad, con los aciertos y fracasos en la aplicación de políticas públicas y en la atención de ciertos grupos y hasta de verlo como un mero asunto policial. De armas y balas.
En estos 15 años ha habido una enorme cantidad de recursos humanos, materiales y económicos destinados a combatir la inseguridad. Más personal, más capacitación, más armas, más balas, más enfrentamientos a tiros con las bandas delictivas, pero la verdad es que el dispendio, la corrupción, las traiciones, la falta de coordinación institucional es lo que han caracterizado estos tristes 15 años en materia de combate a la delincuencia.
¿Cuántos cientos de miles de balas se han gastado?, ¿cuántos miles de litros de gasolina en los vehículos?, ¿cuántos buenos soldados y miembros de fuerzas de seguridad han muerto?, ¿cuántas defecciones ha habido?, ¿cuántas filtraciones? Y lo peor: ¿cuántos territorios están aún en manos de la delincuencia organizada?, ¿cuántos lugares hay en el país donde no se puede viajar sin avisar a quienes realmente tienen el poder?
Es cierto, se ha invertido, a lo largo de estos 15 años, en materia de formación de recursos, dotación de equipo y mejoramiento de las condiciones de trabajo, creación de las profesiones destinadas a dar seguridad a los ciudadanos, construcción de prisiones, información oportuna y suficiente, estadística confiable y criminalística moderna.
¿De qué ha servido todo esto?, ¿podemos decir, sin temor a equivocarnos que hoy tenemos mejores condiciones de seguridad que hace 15 años?
Por supuesto, Enrique Peña Nieto tiene presente que  para mejorar la seguridad de todos los mexicanos no bastan la reforma de las leyes, recursos económicos, gendarmes, coordinación entre autoridades y niveles de gobierno, sino que es necesario ir a fondo y se requiere hablar también de trabajo, salario, educación, vivienda, alimento y, sobre todo,  esperanza.
Sí, de esperanza, porque la gente quiere tener esperanza de que es posible volver a vivir en paz.  
La gente, la mayoría de los mexicanos, estamos metidos en nuestra lucha cotidiana por sobrevivir. Esa es una verdad innegable. La crisis económica sólo es ligeramente menor a la de inseguridad, pero ésta acrecienta aquélla. El impuesto del miedo es el más grande y doloroso que los mexicanos pagamos todos los días.
Por eso me parece bien que ahora el gobierno federal establezca un combate integral al crimen. Porque la miseria, la enfermedad y la ignorancia influyen en las estadísticas del crimen, porque es sabido que la falta de oportunidades de trabajo que les permita resolver sus problemas básicos,  obligan a buscar alternativas de sustento al margen de la ley.
Hoy, parece que hay una luz en el profundo hoy donde nos hallamos hundidos.
Un  tiempo prudente debemos esperar para juzgar las acciones gubernamentales llevadas a cabo.
Tres Comentarios al Margen
1. ¿Para qué aportan los ayuntamientos el 2.5 por ciento mensual de los salarios de sus trabajadores a la Dirección General de Pensiones del gobierno del estado de Colima?, ¿reciben alguna contraprestación a cambio?, ¿la citada dependencia del gobierno estatal paga una parte siquiera del monto de las pensiones de cada trabajador o de las pensiones, en su caso?, ¿tiene algún sentido pagar por pagar, regalarle dinero al gobierno del estado, dinero que no tienen los ayuntamientos?, ¿de qué se trata?, ¿por qué hay un especial interés en que los ayuntamientos paguen  lo que no tiene razón de ser porque sólo es tirar el dinero al bote del gobierno estatal?, ¿por qué deben los ayuntamientos financiar al gobierno estatal?
2. Anoche tomó posesión de su cargo como delegado de SEDESOL en Colima, Carlos Cruz Mendoza, quien ha sido presidente municipal, diputado local y federal, además de dirigente de su partido. Se espera que a partir de hoy, se inicie el relevo en la mayoría de las delegaciones del poder ejecutivo federal.
3. Una sola cosa importa: aprender a ser perdedor. Emile Michel Cioran
Twitter: @macosta68

martes, febrero 19, 2013

Seguridad, Reto y Camino




El asunto es la seguridad. No le demos vuelta. Esa es la principal demanda que los colimenses tenemos hoy en día. Todos queremos más seguridad. Todos.
Todos sabemos que los  sistemas sociales fundados en la desigualdad son injustos.
Toda injusticia, tarde o temprano, engendra violencia reivindicadora ante la ausencia de medios que reduzcan las distancias entre quienes todo lo poseen y los que nada tienen.
A nadie escapa que el sistema social imperante en nuestro país, mantiene grietas de injusticia cuya profundización se tornará peligrosa, si no se hace lo necesario para cerrarlas.
Esta es una tarea impostergable: discutir las ideas políticas de los hombres, sus programas, sus propuestas; en todo momento ponderar nuestros puntos de encuentro por encima de nuestras diferencias de opinión y para disminuir las asimetrías entre quienes todo tienen y los que todo les falta.
Sin embargo, debo reconocer que algo que debe alentarnos, es que en todos los partidos políticos y en todas las organizaciones sociales, hay colimenses que más allá de su ideología y militancia coinciden en que la nueva democracia es tarea de todos,  responsabilidad de todos y  es y será un logro de todos.
Lograr los resultados que la sociedad exige y merece es responsabilidad y compromiso de todos: de las autoridades en primer lugar, pero también de los ciudadanos, de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación.
La población exige un sistema que brinde seguridad a las familias, a sus vidas y propiedades; seguridad a las empresas; seguridad a los jóvenes, a los niños y a las mujeres; seguridad a los trabajadores.
Sin embargo, para dar un combate a fondo a la delincuencia no basta la acción del gobierno si está no está acompañada de una actitud firme y decidida de la sociedad.
Por ello, los ciudadanos y sus organizaciones deben contribuir a la construcción y consolidación de una nueva cultura de apego a la ley y de denuncia permanente de toda actividad que se aparte del Estado de Derecho, venga de donde venga, se trata de hacer un trabajo conjunto con la población para hacer un frente común y derrotar así a la delincuencia.
Cada persona, cada grupo, cada organización legítima, debe conducirse siempre conforme a las leyes.
Esta conducta debe extenderse a todas las actividades de nuestra vida social ya sean económicas, sociales o políticas.
Esta coordinación resulta fundamental para fortalecer la ejecución de las acciones de seguridad, optimizar el manejo de información, realizar operativos concretos en el combate al crimen organizado y establecer mecanismos eficaces de seguimiento y evaluación.
La seguridad pública es nuestro desafío por recuperar la tranquilidad y, con ella, la certidumbre. La sociedad espera resultados pero no a condición de dar un paso atrás en el goce de sus libertades; exige firmeza en la ejecución de la ley, pero no justifica atropellos ni excesos; su mandato es claro: poner la fuerza del Estado al servicio del hombre.
La raíz del verdadero desarrollo integral de Colima , de la lucha en contra del delito, está en la educación, en la que además de conocimientos, información, datos, habilidades, a nuestros hijos, a los jóvenes de hoy y de mañana, se requiere inculcarles nuestros valores trascendentales y uno fundamental es respetar el marco jurídico que nos rige.
Debemos estar  decididos a hacer todo lo necesario para revertir, pronto y de manera contundente, la inseguridad, porque la población no acepta que la delincuencia y la falta de seguridad pública se entrelacen al destino de nuestro estado.
La sociedad demanda enérgicamente, que el gobierno muestre más capacidad para garantizar que se respete la ley, que se cumpla -con más eficacia- una de sus principales funciones: brindar seguridad.
Por eso, la sociedad tiene razón cuando exige, que tanto en materia de justicia, como en seguridad pública, se actúe con eficacia, responsabilidad y firmeza.
Ante el riesgo que representa para cualquier sociedad, una delincuencia que la acosa permanentemente y la mantiene atemorizada, el gobierno debe responder de manera positiva a esa exigencia.
Ahora bien, lo he dicho antes y lo reitero hoy: la lucha contra la inseguridad, contra el crimen y contra la delincuencia, es una lucha de todos, que entre todos ganaremos sólo si unimos nuestros esfuerzos.
Por esa razón el gobierno debe promover la plena y consciente participación de la sociedad, para construir  así una cultura de la seguridad pública que debe arraigarse en cada municipio, en cada barrio, en cada hogar, en cada persona.
Esto significa,  entre otros aspectos, mejores policías, con más patrullas y con mejores equipos, policías especializadas y programas conjuntos entre gobierno y comunidad.
Sabemos que si se quiere gobernar bien, construir un estado fuerte, si queremos aplicar con rigurosidad la ley, necesitamos los medios, los instrumentos, la tecnología, los recursos, las personas que la van a aplicar y las condiciones materiales para hacerlo.
Pero también sabemos que sin la participación de la sociedad, nada puede tener éxito.
Este es el reto, largo es el camino.
Tres Comentarios al Margen
1. El asunto de la “traición” de los diputados locales panistas Gabriela Benavides y Orlando Lino demuestran no sólo la incapacidad política del coordinador formal de los diputados locales en el congreso local, Héctor Inzúa, sino de la propia dirigencia estatal, encabezada por Raymundo González.  Los panistas muestran su miseria ética y su pobreza política. ¿Qué sigue?, ¿expulsar a ambos diputados por tener congruencia e inteligencia política? Ni siquiera lo dudo.
2. ¿Quiénes son los compradores de terrenos en Tecomán y Armería, así como en Manzanillo, que promueven negocios al por mayor en esas zonas?
3. El hombre que se contiene, que se domina en todo encuentro, el hombre «distinguido» es, en suma, un perturbado virtual. Lo mismo sucede con cualquiera que «sufre en silencio». Si tendemos a un mínimo de equilibrio, auspiciémonos en el grito, no perdamos ninguna ocasión de hacerlo y de proclamar su urgencia. El furor nos ayudará, ya que, por otra parte, procede del fondo mismo de la vida. Emile M Cioran
Twitter: @macosta68