México: la democracia inconclusa.

Ejercer el poder, afinando permanentemente las estrategias para conservarlo, no sólo es empeño de dictadores, tiranos y demagogos. Una sociedad que se presume democrática tiene en su interior actores e instituciones políticas que con posturas ideológicas heterogéneas, y enarbolando todas el beneficio colectivo, se enfrascan periódicamente en disputas electorales con la aspiración de obtener el poder y ejercerlo de manera perdurable. En posesión de él, los intereses de grupo o de clase prevalecen aún por encima de los sueños y de la esperanza colectiva.  

La democracia como forma de gobierno, y como el mecanismo más racional y legítimo que hasta ahora han encontrado las sociedades occidentales para ofrecer reglas claras y equitativas a los protagonistas que se disputan el poder, no constituye en sí misma la vía para satisfacer las necesidades de toda la sociedad. En todo caso, en países con extensa y profunda tradición democrática se ha abonado el terreno de las transiciones aterciopeladas entre regímenes políticos con tendencias ideológicas diferentes, e incluso antagónicas, promoviendo nuevas experiencias de gobierno a sus ciudadanos. Circunstancia que no puede certificarse en países dependientes y con escasa raigambre democrática. Y esto  lo hemos observado en nuestro país.  

La democracia en México, a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX y hasta finales de la centuria pasada, fue tan sólo una complicada representación mental a la que tenía que apelar el ciudadano común cuando quiso explicársela, pero sobre todo constituyó un argumento nodal para la legitimidad y el equilibrio de un sistema político que se distinguió por su carácter monolítico. A lo sumo, en 100 lo más que se logró fue mejorar los elementos que componen esta democracia instrumental.

Esta particularidad del sistema político mexicano favoreció el desarrollo de instituciones políticas débiles y con poca o nula representación social. Por el contrario, el fortalecimiento del PRI como partido único, definió y caracterizó nuestra política nacional. Así, fuimos edificando la historia política moderna de nuestro país con base en una democracia simulada, que consintió el advenimiento de una clase política integrada por individuos sin escrúpulos. 

De tal suerte que nuestra democracia ha sido una entelequia sobre la cual se arraiga una cultura política basada en el corporativismo y en lealtades de sumisión, que ha estimulado el desaliento y la escasa participación del ciudadano en los asuntos fundamentales de la vida pública.   

Construida históricamente, y con profundas raíces en nuestras mentalidades, esa cultura política aún mantiene su vigencia. Todavía es posible encontrar prácticas corporativas, costumbres, normas y concepciones ancestrales de la acción política aplicadas incluso por  figuras ajenas a la tradición del partido único y que en el papel se publicitan como la verdadera alternativa política. El desencanto que promueven es tan obvio que citarlo constituiría un esfuerzo banal, como murmurar en el desierto.       

Es en ese sentido que cuando hablamos de la democracia en México, nos referimos a un proceso todavía inconcluso. Aquella no la construimos teniendo elecciones limpias ni incrementando los votos en las urnas. Estos son algunos de sus elementos, pero no los únicos.

La democracia en México avanzará en tanto sus instituciones se modernicen, eliminando las prácticas caciquiles, los cotos de poder particulares y de grupo, cuando el interés colectivo reemplace las ambiciones personales y esto se vea reflejado en acciones concretas de gobierno.

Pero esto es un planteamiento hecho desde la academia, donde todo es más sencillo. En los hechos, los políticos, particularmente los gobernantes, suele hacer a un lado estas consideraciones y guiarse, casi de manera exclusiva, por sus filias y fobias.

 Tres Comentarios al Margen

1. El asunto de las pensiones es muy complejo y no debe ser resuelto con un parche que limite su  monto máximo.  La devolución de los recursos aportados por los ayuntamientos y los otros poderes a la Dirección de Pensiones y que sólo benefician al gobierno estatal, debe ponerse sobre la mesa y ser discutido a fondo, revisada y modificada en lo correspondiente la ley.

De lo contrario, el remedio será peor que la enfermedad y los ayuntamientos seguirán subsidiando, como lo hacen hasta el día de hoy, al gobierno estatal en cuanto a las pensiones que éste otorga a sus trabajadores.  Los ayuntamientos pagan el total de sus pensiones y aportan para el gobierno estatal pague las suyas y si no es así, pregunto: ¿se devuelve a los ayuntamientos el 2.5 por ciento aportado por éstos por cada uno de los trabajadores, de base o confianza, a la Dirección de Pensiones?

2. Las notas sobre el presupuesto presentado por el gobierno estatal deben estar equivocadas, todas. No salen las cuentas. ¿Dónde está el presupuesto de SE y Salud?, sí sólo esas dos dependencias se llevan más de cuatro mil millones de pesos, dónde están los recursos para pagado de servicios personales del poder ejecutivo? Si sólo los jubilados se llevan casi 300 millones, ¿dónde están? Habrá que revisar ese documento a fondo.

3. El castigo es el peor atajo frente a la expresión ofensiva. El recurso más fácil frente a la agresión verbal, la burla hiriente es recurrir al castigo. Darle una nalgada al insolente. Acudir a papá para que regañe al niño, a la maestra para que expulse al malportado, al Estado para que castigue al irrespetuoso. A eso estamos tentados ahora que tenemos una ley que castiga la ofensa de palabras y órganos de la decencia que regulan el qué decir. Este atajo, como muchos otros, es falso: aparenta alivio pero deja las cosas en su sitio. Vedar palabras no mejora la convivencia: cambia de tema. Me parece que la ofensa es consustancial a la libertad y que el debate es, inevitablemente, rasposo. Más aún, creo, con Ayaan Hirsi Ali, que la libertad implica el derecho a ofender. Jesús Silva Hérzog Márquez

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