Elba Esther, Ascenso y Caída

La detención y subsiguiente defenestración de Elba Esther Gordillo Morales, dirigente formal y real del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), causó una gran conmoción  por las evidentes implicaciones de carácter político y social que el hecho tiene.

La forma como lo dio a conocer el gobierno federal fue impecable: la suerte estaba echada para La Maestra desde el momento en que se decidió ponerle fin a un enfrentamiento que no había ido más allá del plano mediático, aún.

Como a Al Capone, a la Maestra Elba Esther Gordillo la agarraron por el dinero, por acciones ilegales cometidas con los recursos del SNTE y los suyos propios, por evasión de impuestos.

La incongruencia entre sus ingresos declarados y sus gastos fue una de las pistas a seguir, según dieron a conocer las autoridades al momento de explicar las presuntas irregularidades e ilegalidades cometidas por EEGM, que ameritaron su detención.

Una de las primeras palabras a las que está asociado el golpe dado a Gordillo Morales es legitimidad. La comparación con lo ocurrido a Joaquín Hernández Galicia hace 24 años fue obligada. La necesidad de legitimación de CSG era evidente  y mucho mayor entonces.

La capacidad de operación política de Enrique Peña Nieto ha sido mayor y mucho más efectiva que la de Salinas de Gortari, pero la comparación es inevitable e igualmente válida, aunque no sé si necesaria.

Más allá de si el gobierno debe aplicar esa misma acción a otros dirigentes sindicales y políticos acusados de corrupción, lo importante es que el gobierno probó que puede aplicar toda la fuerza del Estado contra quien se le oponga y Elba Esther Gordillo Morales retó al gobierno.

Lo interesante son todos los millones sustraídos al SNTE, pero en el último congreso de la organización sindical fue aprobado el informe presentado respecto a las finanzas. El asunto es que quien manejaba, o maneja,  los recursos económicos del SNTE es el padre de la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola, la actual senadora por el PANAL.

¿Cómo pudieron ser sustraídos tantos millones de pesos de las cuentas del SNTE sin que el Secretario de Finanzas se diera cuenta?, ¿puede ser posible esta situación?, ¿qué informe aprobaron los delegados en el último congreso, si ahora se afirma que fueron sustraídos tantos millones de pesos prácticamente en sus narices?, ¿es tan inepto el Secretario de Finanzas del SNTE o fue cómplice del hecho?

La última pregunta no es menor, sino una lógica, obligada. No sé si el actual secretario de finanzas sea el mismo que era en el momento del congreso anterior, pero eso es lo de menos, lo demás es que debe ser llamado a cuentas, tanto por el SNTE, como por la autoridad civil  correspondiente.

Por lo pronto, un paso arriesgado el dado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que la sociedad puede ver con buenas ojos, sobre todo porque el desgaste mediático de Elba Esther Gordillo Morales es más que evidente y pocos, muy pocos defensores encontrará más allá de los miembros del CEN del SNTE y del PANAL.

La posición de la PGR fue clara y precisa y aquí encontrará usted el link  http://bit.ly/ZJoDTU .

Por lo demás, las implicaciones o son sencillas y sólo hago dos preguntas: ¿qué hará el SNTE, tanto a nivel central como en los estados?, ¿qué hará el PANAL, tanto en el congreso federal como en los estatales?

Unas preguntas finales: ¿muera la reina y viva el Rey será la decisión de los miembros del SNTE que tienen la representación sindical en cada estado y son delegados al consejo nacional?, ¿se inmolarán o sobrevivirán?, ¿de ser cierto que Elba Esther Gordillo sustrajo recursos de las finanzas del SNTE, exigirán su devolución o será cosa de “borrón y cuenta nueva”?

A propósito de este asunto, pregunté a un amigo, Héctor Alberto Romero Fierro, Contador Público, licenciado en Derecho, con una Maestría e Impuestos, estudiante de Doctorado, Corredor Público en Jalisco, quien me dijo que lo aplicado a Elba Esther Morales queda contenida en el  Artículo 400 Bis del Código Penal federal, que a la letra dice “Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.

Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario.”. Fin de la cita.

Además, también consignan a EEGM  por un delito fiscal grave, previsto en el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que dice: “Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.”. Fin de la cita.

El mismo Código Fiscal, en su Artículo 109, dice en su primer párrafo: “Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.” Fin de la cita.

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