Violencia criminal, ¿problema insoluble?

¿Cuál es el municipio con mayor violencia criminal?

Esta puede parecer una pregunta intrascendente, pero no lo es. Colima tiene ya zonas claras de violencia criminal donde la delincuencia tiene mayor presencia y mayor influencia en la vida de sus habitantes.

En mi opinión, Tecomán y Armería están en la triste tesitura de ser los municipios más violentos del estado. Proporcionalmente, el número de personas asesinadas en Armería y Tecomán e los dos últimos años, rebasa con mucho las estadísticas de cualquier otro municipio.

Puede usted decir que ambos municipios están gobernados por el mismo  partido y que tal vez a ello se deba, pero sería una argumentación débil, carente de sustento.

En Tecomán, la violencia no sólo es en la cabecera, sino en dos lugares que se encuentran muy lejanos, relativamente, uno de otro: Madrid y Cerro de Ortega.  En esas tres zonas, que incluye a Caleras por el lado de Madrid, la violencia ha llegado a niveles históricos y casi, casi histéricos.

¿Qué pasa en esos municipios?, ¿por qué hay tanta violencia, tantos muertos?

Los asesinatos no han sido sólo entre miembros de la delincuencia organizada sino contra miembros del gobierno del estado, como el caso del agente del ministerio público asesinado en Tecomán.

Ahora bien, las matanzas, porque eso han sido, han ocurrido en lugares públicos, como la acontecida en Cerro de Ortega, donde balearon indiscriminadamente a quienes comían en un negocio de comida.

En Tecomán, los policías están en paro. No les han cumplido con los incrementos salariales, con las compensaciones y quién sabe con cuánto más. Una historia harto conocida.

En la Villa, pararon la seguridad por no tener dinero para gasolina y porque ya no les fiaron combustible porque tienen meses sin pagar.

Los ayuntamientos y el gobierno del Estado no han hecho uso de los recursos existentes en el fondo destinado a apoyar las acciones en materia de seguridad pública. La mayor parte de esos  fondos están allí, intocados, pero puede tener una explicación sencilla el asunto: no tienen la parte que les corresponde aportar para hacer uso de esos recursos. Ni los ayuntamientos, ni el gobierno del estado.

De esta manera, erradicación de la violencia criminal se vuelve algo imposible de lograr, si todo se mantiene como hasta hoy. Más allá de las palabras, más allá de los discursos, los hechos marcan que la violencia criminal va en aumento y las capacidades de respuesta de la autoridad van en decremento día tras día.

Los ayuntamientos no tienen dinero para gasolina, para el pago de la nómina, en suma, no tienen dinero para gastos de operación del aparato institucional. En este sentido, también el gobierno estatal tiene problemas similares, los ha hecho públicos el propio gobierno.

Una fuente en le gobierno estatal me informó que, hasta hace 45 días, el gobierno estatal tenía apenas cinco vehículos en condiciones de operar en la zona metropolitana y tan sólo uno para atender la zona rural del municipio de Colima, donde es obligación del gobierno estatal la prestación del servicio de seguridad pública.

Así, tenemos gobiernos, en el nivel estatal y municipal,  incapaces de usar debidamente los elementos que tiene a su alcance para erradicar, o al menos disminuir, la violencia criminal, pero nos encontramos con que carece de recursos económicos para echar a andar la maquinaria.

En este contexto, las preguntas obligada son: ¿qué sigue?, ¿cada quien se defiende como mejor puede?

Si siguen haciendo las mismas cosas, tendrán los mismos resultados.

Veremos y comentaremos.

Tres Comentarios al Margen

1. Las listas están llenas. No cabe un nombre más. Todas las delegaciones. Todos los cargos. Desde jefaturas de departamento hasta las de director de área o general, según sea el caso, tienen nombre y apellidos.

Sólo quiero exponer un precedente: hasta antes de que el PRI perdiera la presidencia, las delegaciones eran asunto casi exclusivo de los secretarios de Estado y rara vez le permitían a un gobernador meter la mano e las designaciones, en caso extremo, le consultaban un nombramiento como mera cortesía.

Habrá que esperar para ver cómo serán los usos y costumbres en esta nueva era.

2. Los diputados locales empiezan su tarea y su primera acción es integrar las comisiones ordinarias. Esta acción tiene muchas vueltas, porque con la decisión de disminuirlas a 20, tendrán que hacer un juego de equilibrios. El PRI cuenta con 13 votos en el pleno del congreso. Una preguntas obligadas son: ¿Le darán la presidencia de una comisión a Esteban Meneses Torres?, ¿las repartirán proporcionalmente, es decir, a cada partido le darán tantas como el porcentaje que su número de diputados sea del congreso?

No lo sé, pero en esta semana se despejará la duda, porque recordemos que los diputados, antes que representantes populares, se representan a sí mismos y a sus respectivos partidos.

Por eso, permítame amable lector, con la excepción de Juan Diego Suárez Dávila, dejarle aquí una cita respecto de los diputados y su acción: “El diputado es, como el actor, un fingidor profesional. Se dedica a representar un papel, a encarnar falsamente lo que no es. Un diputado se dice representante de un distrito, de un estado, de un pueblo pero no lo es, no lo puede ser. Cuando habla, nos dice que expresa la voz de otros, la voz de su comunidad. Nos dice que lleva a la política la voluntad del pueblo. Se pretende un simple trasmisor de las instrucciones de sus electores cuando en realidad defiende sus propios intereses. No es casualidad que el teatro y el parlamento sean espacios de la representación: se trata de hacer presente lo que en realidad no existe. Zonas de tolerancia para la mentira. El actor no es Hamlet, el diputado no es el pueblo”. Jesús Silva Hérzog Márquez

3. Continuar y cambiar es la lógica, y todavía más continuar para poder cambiar, no cambiar para continuar. Por ello el nuevo equilibrio político legislativo y el nuevo gobierno deberán considerar lo que hay que preservar, pero por encima de ello, lo que hay que revisar y mejorar. Liébano Sáenz

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