Editorial
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La población siempre va a encontrar una razón, un pretexto, una excusa, para protestar en contra de alguna acción que la autoridad realiza no deja de realizar. Quizá la mayor protesta que se recuerda es la de San Mateo Atenco, en el estado de México, donde los habitantes de ese lugar, y muchas decenas de protestantes de otros grupos y partidos políticos, impidieron que el gobierno federal construyera en esa zona un aeropuerto moderno, tan necesario en el valle de México.
La lección es amarga: la protesta original se perdió y grupos de vivales pretendieron hacer el negocio de su vida. La ambición económica y la utilización de medios no políticos para obtener ventajas, hicieron que el gobierno federal diera marcha atrás y la gran obra se cambio de ubicación y aún no se inicia el proceso de construcción.
Algo similar puede llegar a ocurrir en Manzanillo, si no se maneja con cuidado el asunto de las obras compensatorias, cuyos recursos serían aportados por la Administradora Portuaria Integral de Manzanillo, la famosa APIMAN, y el ayuntamiento entregaría la relación de obras que se ejecutarían con dicho programa.
Al llegar Nabor Ochoa a la presidencia municipal el año pasado, tomo la atingente decisión de hacer modificaciones a las obras que se construirían con dichos recursos y explicó con claridad por qué debían entrar unas obras y ser desplazadas otras. Fue una excelente decisión.
Ahora, tras las protestas de los habitantes de Jalipa por el mal estado de la vialidad que conduce a esa comunidad.
Algunos habitantes de ese lugar, y alguno que otro acomedido que nunca falta, bloquearon durante un par de horas esa carretera y con ello impidieron que los tractocamiones ingresaran al puerto interior.
Los reclamos eran porque según se publicó en los medios, APIMAN no les había reparado la vialidad cuando, insistían, era su obligación.
Por fortuna, el alcalde Nabor Ochoa explicó a los manifestantes que arreglar la vialidad con recursos de la APIMAN, requiere que el cabildo manzanillense modifique esa relación para que, a su vez, el Consejo de Administración de la APIMAN la apruebe y se notifique a las autoridades centrales de su dependencia, para que todo se ajuste a la ley y pueda procederse.
Por eso, qué bueno que se entienda cuáles son los procedimientos y cuáles los límites de autoridad y, para este caso, de responsabilidad para con la población.
Y usted, amable radioescucha, ¿qué opinión tiene al respecto?
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