Ante cualquiera otra noticia, la de la separación de 940 trabajadores de confianza del gobierno del estado se convierte en la principal de cualquier medio local y asunto obligatorio para quienes comentamos lo que ocurre en el entorno local.
Es una noticia que impacta y sacude a Colima porque no es algo común que un mismo día sean separados de su empleo casi un millar de trabajadores.
Sin embargo, vale la pena ponderar este asunto y analizarlo desde varios ángulos para poder entender sus razones, sus alcances y sus consecuencias legales, financieras y económicas.
En primer término, según me dijo un experto en Derecho Laboral, no hay consecuencias legales para el gobierno estatal porque, según se informó, los trabajadores firmaron sus respectivas renuncias y, a la vez, el gobierno estatal no tiene la obligación de renovar los contratos firmados con cada uno de los trabajadores en esta situación.
Es decir, hay renuncias firmadas y hay un término de contrato y la ley que rige las relaciones contractuales entre el gobierno del estado sus trabajadores -de confianza en este caso-, no marca para el patrón más obligaciones ni mayores compensaciones que las que ya recibieron los renunciantes en la segunda quincena de octubre, justo la última para el periodo que fueron contratados.
Por otra parte, los trabajadores separados de su empleo aceptaron de buen modo la parte proporcional de su aguinaldo y de sus vacaciones, por lo que están pagados y cobrados, sin más ni más.
Cabe señalar que muchos de los despedidos eran trabajadores ubicados en mandos medios, niveles que no son factibles de basificar y muchos de sindicalizar.
De igual manera, en otros es un acto de racionalización porque había funciones duplicadas y hasta triplicadas y se trata de optimizar recursos en un momento de grave crisis de las finanzas del gobierno estatal.
Lo que resultaría interesante es saber cuántos de esos trabajadores que ya no laborarán más en el gobierno estatal ingresaron al servicio a partir del mes de mayo de 2005 o en fecha posterior.
Debemos reconocer que ésta, la despedir trabajadores, es una decisión difícil de tomar, dura, pero muy necesaria si se quieren sanear las finanzas del gobierno estatal. Es entendible que no haya sido fácil de tomar, pero es de reconocerse la voluntad de tomar decisiones del nuevo gobierno por duras y dolorosas que éstas resulten.
Muchos hablaban de lo obeso del aparato gubernamental, así que ahora que el gobierno se decidió a tomar esta medida es lógico que se encomie, porque nunca ha sido fácil ni tiene efectos mediáticos positivos en la popularidad una medida de esta naturaleza, por lo menos en el plazo inmediato.
De esta manera, en los primeros 12 días de gobierno de Mario Anguiano han ocurrido hechos inéditos, lo que en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero que nos han enseñado que este gobierno está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias.
Por esta razón, considero que dentro de los 100 días que suelen darse a todo gobierno que inicia sus funciones, debe incluirse esta acción.
Ya veremos después la manera en que resolvieron el entuerto de reinsertar a los hoy separados de sus empleos, en la economía estatal, ya sea reubicándolos o como nuevos microempresarios .
Por lo pronto, esta decisión se convierte en un ejemplo a seguir por los ayuntamientos que enfrentan problemas similares, como los de Manzanillo, Tecomán y Colima, donde el pago de nómina ahoga a los ayuntamientos y les impide cumplir a cabalidad con su tarea fundamental: brindar servicios a la población de sus municipios.
En fin, será necesario darle seguimiento a esta decisión para ver sus consecuencias.
TRES COMENTARIOS AL MARGEN
1. Entre la numeralia de los hoy separados de sus empleos en el gobierno estatal, destaca el hecho de que entre el DIF y la Secretaría de Administración se hayan llevado casi la tercera parte de los despedidos, con 302 entre ambas agencias gubernamentales.
2. Una noticia destacable es la dada a conocer por el alcalde Nabor Ochoa López al señalar que le entrarán a la renovación total, una verdadera reconfiguración, del boulevard Miguel de la Madrid, que es una de las principales vías de circulación en el puerto.
El asunto va más allá de obras cosméticas, porque planteó que pretender que la superficie de rodamiento sea de concreto hidráulico y quitarle todos los defectos y pegostes que le impiden que exista un tránsito fluido y seguro por esa rúa.
Lo interesante es que el alcalde porteño buscará que los costos de esa obra sean pagados por la agencia gubernamental que administra el puerto el puerto interior, la API, lo que no sería sino como medida compensatoria y dentro del convenio de las obras que dicha dependencia federal está obligada a realizar en beneficio de la ciudad y puerto de Manzanillo.
Dados los resultados positivos que ha tenido Nabor Ochoa en gestiones similares, resulta lógico pensar que en esta ocasión también se saldrá con la suya, que es la de beneficiar a los manzanillenses y a quienes visiten el puerto.
Es una obra que haría ganar a todos: a los manzanillenses, a los visitantes, a la API, al Ayuntamiento y, por supuesto, al propio Nabor Ochoa López.
Dados los antecedentes, estoy seguro de que a fines del próximo año estaremos viendo ya los resultados concretos de esta decisión.
¡Qué bueno por Manzanillo!
3. No me deja pasar el guardia./He traspasado el límite de edad./Provengo de un país que ya no existe./Mis papeles no están en orden./Me falta un sello./Necesito otra firma./No hablo el idioma./No tengo cuenta en el banco./Reprobé el examen de admisión./Cancelaron mi puesto en la gran fábrica./Me desemplearon hoy y para siempre./Carezco por completo de influencias./Llevo aquí en este mundo largo tiempo./Y nuestros amos dicen que ya es hora/de callarme y hundirme en la basura. José Emilio Pacheco
No hay comentarios.:
Publicar un comentario