14 de marzo de 2001
Agenda Política
Miguel Acosta Vargas
El 2 y el 9 de marzo de 1995, publiqué en este diario dos columnas relacionadas con la manera en que dos delegados de dependencias federales se desempeñaban y como el nivel de irresponsabilidad creaba conflictos en vez de solucionarlos. Cabe señalar que ninguno de los dos funcionarios señalados con su cargo y nombre desmintieron en tiempo y forma lo asentado por el columnista. Hoy, hoy, hoy, vale la pena darle una nueva leída a amabas columnas. Por supuesto, los seis comentarios al margen no se reproducen.
El dos de marzo de 1995, escribí lo siguiente: “(....) Le decía el martes que el gobernador Carlos de la Madrid Virgen se ha visto envuelto en más líos de los que podríamos imaginarnos los mortales comunes. Para desgracia de los colimenses, la mayoría de los asuntos han devenido en conflictos debido a la ineficiencia de sus colaboradores. Un ejemplo claro de ello lo constituye el relativo a APASCO, es decir, la hectárea que presuntamente la empresa cementera está invadiendo terreno ejidal de Caleras y que corresponde al acceso a las instalaciones de la planta. Como usted recordará, este problema derivó en un plantón realizado en las puertas de acceso a las instalaciones. Pidiendo disculpas anticipadas a Carlos Ramírez por utilizar un esquema similar al suyo, vale la pena manejar una docena de hechos al respecto.
1.- Un ejidatario de Caleras venía invadiendo una hectárea a un pequeño propietario, sin que éste realizara ninguna acción para desalojarlo, es decir, consentía la acción.
2.- El pequeño propietario vendió a APASCO su propiedad, la que alcanzaba una superficie total de 10 hectáreas, lo que incluía la superficie invadida.
3.- El ejidatario invasor se vio así entrampado por la venta de las hectáreas y por no contar con ningún documento legal que acredite su propiedad o la posesión siquiera de la hectárea.
4.- Al ser incorporado el ejido Caleras al programa PROCEDE, el ejidatario, al señalarle al INEGI los linderos de su parcela, incluyó la famosa hectárea.
5.- Al ser concluidos los trabajos del INEGI, la Procuraduría Agraria (PA), turnó el expediente al Registro Agrario Nacional (RAN).
6.- El Registro Agrario Nacional (RAN) emitió un certificado parcelario a favor del ejidatario; en este documento se incluyó la ya famosísima hectárea que el ejidatario tenía invadida de la pequeña propiedad, para entonces ya en poder de APASCO.
7.- Con el certificado parcelario en sus manos, el ejidatario inició el problema con APASCO, reclamando que la empresa pague al ejido la hectárea en litigio, a razón de 500 nuevos pesos por metro cuadrado, es decir, mucho más caro de cómo cuesta en Royal Country, por citar sólo un ejemplo.
8.- Los errores que permitieron elaborar el certificado parcelario son imputables a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional, que actuaron con irresponsabilidad, por decir lo menos.
9.- La Procuraduría Agraria tiene responsabilidad porque debió obtener de los colindantes del ejidatario, un acta de conformidad de linderos que avalara los trabajos del INEGI. Por su lado, el Registro Agrario Nacional es responsable de no haber integrado correctamente el expediente y, consecuentemente, por haber expedido el certificado parcelario.
10.- El programa PROCEDE no tiene la facultad de incorporar terrenos particulares al régimen ejidal y debe limitarse exclusivamente a certificar y titular las superficies concedida a los ejidos mediante resolución presidencial.
11.- El ejidatario pudo haber iniciado en su momento, un procedimiento de prescripción positiva, lo que habría implicado una modificación en el Registro Público de la Propiedad y en Catastro, lo que habría obligado al legítimo propietario de la hectárea a vender sólo nueve y no las 10 hectáreas de su propiedad.
12.- APASCO puede, si así lo desea y conviene a sus intereses, iniciar un procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario, para que éste ordene al Registro Agrario Nacional la cancelación del certificado parcelario que incluye la parcela en litigio y, a la vez, que emita uno nuevo que se ajuste a la realidad y esté apegado a Derecho.
De esta docena de hechos podemos inferir que la delegada del RAN mantiene la costumbre que tuvo mientras estuvo al frente de la delegación del Registro Federal de Electores: maquillar cifras. Los antecedentes son claros y están escritos: el proceso de credencialización fue un asco en Colima. La ineficiencia de la delegada fue más que evidente. Sus antecedentes lo prueban: no le interesa la realidad, sino el aparato, el bloof –pido perdón por el terminajo– y el timo.
De esta manera, en vez de certidumbre, en el campo colimense hay bombas de tiempo derivadas de la irresponsabilidad con que actúan los funcionarios de ambas dependencias.
¿Con estos colaboradores, a dónde va a llegar el gobernador?(...)”. Fin de la cita.
Y el jueves nueve de marzo, también de 1995, escribí esto: “(...) Un lector me llamó a propósito de lo escrito en este espacio la semana pasada, en donde hablé acerca de la incompetencia de los delegados de la Procuraduría Agraria, Carlos González, y del Registro Agrario Nacional (RAN), Susana Ramírez. Me referí específicamente a lo sucedido en el ejido Caleras, donde existe un litigio con la cementera APASCO, gracias a los desatinos de estos dos personajes.
Al respecto, vale hacer algunas precisiones. Para satisfacción del lector que me hizo el señalamiento, diré que no existe Royal Country alguno en Colima y, la verdad, me equivoqué y quise decir Parque Royal.
Una vez hecha esta aclaración, redondearé algunos puntos, con perdón, de nueva cuenta, de Don Carlos Ramírez.
1.- La pequeña propiedad donde se ubica la hectárea en conflicto, colinda con elegido Caleras. Por esta razón, el ejidatario cuya parcela limita con ese terreno, pudo incluir esa superficie en los trabajos de programa PROCEDE.
2.- Hasta aquí todo bien. El INEGI registró la superficie señalada en un plano y correspondía a la Procuraduría Agraria, citar a los colindantes para obtener la conformidad de linderos, algo que a cualquiera le puede parecer un procedimiento normal, excepto al delegado de la PA, tal vez debido a su desconocimiento del trabajo que le fue encomendado.
3.- Al no existir esa conformidad de linderos, el RAN, en el momento de revisar este expediente, debió haberse dado cuenta de esta irregularidad y solicitar a la PA obtuviera dicho documento. En cambio, generó un certificado parcelario sin tener sustento legal.
Pero a la delegada jamás le ha interesado hacer bien las cosas. Simplemente se ha dedicado a inflar globos, a mentir, a sabiendas y su trabajo en el Registro Federal de Electores lo prueba a satisfacción de todos. Colima fue un ejemplo nacional de cómo no se deben hacer trabajos de esta naturaleza.
4.- Afirmé que existían bombas de tiempo sembradas en el campo colimense. A muchos les habrá parecido algo exagerado. A otros, una mera frase panfletaria. Sin embargo, para desgracia de los colimenses, es la pura y triste realidad. El caso Caleras no es el único error en que han incurrido estas dependencias. Las fallas en la integración de los expedientes y en la expedición de los certificados parcelarios se han repetido a lo largo y lo ancho de la entidad. Sólo han explotado el asunto Caleras. ¿Cuándo van a estallar los demás?
5.- Este par de funcionarios miente con la mayor facilidad del mundo. Le mienten a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, al gobernador, a las centrales campesinas, a sus jefes inmediatos y, tal vez, hasta se mienten a sí mismos.
6.- Carlos González Palomino presume ante el gobernador de haber sacado segundo lugar nacional en su desempeño. Por su parte, Susana Ramírez hace lo propio y de ella sí lo creo. Ya una vez, en el Registro Federal de Electores, sacó segundo lugar... de atrás pa´delante.
En fin, ya todos sabemos acerca de la calidad de su trabajo y de las consecuencias de su irresponsabilidad. (...)”. Fin de la cita.
Estas fueron las dos columnas escritas entonces. Como se puede ver, la normatividad no fue aplicada en el caso de la parcela en litigio. No sé y no puedo, ni debo, ni quiero, especular acerca de las razones para haber actuado de manera tan irregular y chambona, cuachalota, diría mi madre, porque pudo haber sido por ineficiencia en el desempeño de sus responsabilidades o por corrupción.
Le apunto un par de datos más: el primero es que 13 días, justo 13 días después, Carlos González Palomino fue destituido como delegado de la Procuraduría Agraria. La investigación sobre su desempeño vino después de su cese y la SECODAM tomó las decisiones legales correspondientes contra esta persona –devenida ahora en “honorabilísimo “administrador de la sociedad civil y considerado y calificado “tan solvente moralmente” por mi amigo Carlos Maldonado Villaverde– consistentes en la inhabilitación por un periodo de tres años, según consta en el Registro Nacional de Inhabilitados. Y en segundo término, APASCO llevó el asunto ante las instancias legales correspondientes y ganó el juicio legal. Y todo por un par de funcionarios chambones, que no cumplieron las responsabilidades que tenían encomendadas.
2.- “Al comienzo fueron vicios, hoy son costumbres”. Séneca
3.- “Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles”. Renán
