Esta ha sido una semana donde los medios de comunicación han dado cuenta de dos asuntos interesantes. Por una parte, la demanda del gobierno federal contra el gobierno estatal por el asunto de la carne de cerdo y que podría ya quedar resuelta con la modificación realizada al decreto emitido por el congreso local, como lo afirmó el delegado de la SAGARPA, Salvador Becerra Rodríguez.
Por otra parte, una añeja petición de un sector de los jubilados y pensionados por el ISSSTE, que exigen que el gobierno del estado les homologue las prestaciones que tienen los jubilados y pensionados del estado. Se trata, en pocas palabras, de que sean homologadas las prestaciones económicas de los jubilados y pensionados de la sección 6 del SNTE, con las que perciben los trabajadores de sección 39.
A propósito de todo este asunto, una de las asociaciones de jubilados y pensionados ha estado machacando sobre este asunto. Vale la pena aclarar que el decreto de 1992 mediante el que se manejó el asunto de la federalización educativa, era, sigue siendo, muy claro en cuanto al manejo de las prestaciones en materia de seguridad social y allí se específica que los trabajadores seguirán recibiendo los servicios médicos y las prestaciones que les otorga el ISSSTE y en cuanto a la jubilación, se precisa que será en los términos que lo determine la propia ley del ISSTE.
No le demos vueltas, en el momento de la federalización educativa, en muy pocos estados del país ganaban más o tenían mejores prestaciones los trabajadores del la educación estatales que los federales. Este era el objetivo, proteger los salarios y prestaciones de quienes más ganaran. Se trataba de que no hubiera ajustes a la baja, como intentó hacerlo Ernesto Rufo Appel, cuando fue gobernador de Baja California y quiso bajar a los trabajadores del estado del 115 por ciento de sobresueldo al 100 por ciento.
En Colima, los miembros de la Sección 39 recibían algunas prestaciones colaterales, como la de los 23 días en mayo para los docentes, que los de la sección 6 consiguieron homologarlas.
Cabe aclarar que la federalización educativa abarcó exclusivamente los niveles de educación básica y normal, por lo que lo que es educación media superior y superior siguió centralizada. En Colima, tanto el entonces Instituto Tecnológico Regional, como los bachilleratos de todas las modalidades, quedaron al margen del proceso federalizador y, por lo tanto, de sus consecuencias de todo tipo.
Así, quienes se han jubilado después de 1992, lo siguen haciendo igual que sus antecesores, a través del ISSSTE y perciben, en la inmensa mayoría de los casos, 10 salarios mínimos mensuales, el tope de lo establecido por la ley del ISSSTE, tras ser ésta modificada durante el salinato.
No fueron luchas menores las establecidas para lograr, primero, que Tecomán y Armería fueran zonas de 100 por ciento de porcentaje de sobresueldo y, segundo, que el gobierno estatal pagara a los docentes federalizados el bono por 23 días en mayo. Tampoco lo fue para conseguir que quienes fueran a jubilarse lo hicieran, en el caso de los docentes, con el máximo rango posible, es decir, con los 10 salarios mínimos mensuales, (SMM). Hubo quienes se opusieron, y aún lo hacen, a esta justa acción, pero la lucha se ganó y, desde entonces, son excepciones los casos de quienes se jubilan con menos de esa cifra.
Una de las maneras que se encontró para lograrlo fue que quienes se fueran a jubilar lo hicieran con doble plaza, en el caso de los trabajadores de primaria y niveles afines, y la otra ha sido consecuencia del nivel de carrera magisterial que los docentes tengan. Así, un profesor que tenga una plaza de primaria y tenga un sobresueldo del 60 por ciento, podrá alcanzar el tope máximo, 10 SMM, si tiene, por lo menos, nivel D en carrera magisterial.
Por supuesto, sería excelente que el gobierno del estado pudiera pagar la diferencia que existe entre lo que perciben los jubilados estatales y los federalizados. Ya en Baja California ocurre así, por lo que los trabajadores de la educación mantienen una percepción digna como jubilados o pensionados.
Por desgracia, los recursos deben ser aportados por la federación y ya sabemos cómo anda este asunto con el gobierno de Felipe Calderón. Ya hasta Fox le dijo que, desde que inició su mandato, Calderón desarregló la casa y desalineó hasta los astros y tiene puras vibras negativas.
TRES COMENTARIOS AL MARGEN
1. Gestionar recursos es la clave. Lo saben todos: alcaldes y gobernador. Arnoldo Ochoa González y Nabor Ochoa López fueron diputados federales que se distinguieron por su trabajo en favor de los colimenses. Los recursos gestionados por estos legisladores ascendieron a más de un mil 500 millones de pesos en los tres años, que no es nada menor. Eso es lo mínimo que deben hacer los nuevos legisladores federales: desquitar el sueldo, demostrar su real capacidad para servir a los colimenses. En esta época de crisis galopante, de poco sirven los rollos y de mucho la capacidad para gestionar más recursos y para evitar los recortes, cuando la rebatinga por los pesos es lo cotidiano.
Los presupuestos se manejan en la cámara de diputados, no en la de senadores, quienes por lo demás, para maldita la cosa han servido, hasta hoy.
2. No le demos vuelta. Vivimos en una sociedad conservadora. Colima es un estado donde la mayoría de sus habitantes tienen una mentalidad conservadora. Por ello, no debe extrañarnos los posicionamientos de la mayoría de los participantes en el foro convocado por el congreso local, vía el diputado Roberto Chapula, para analizar la propuesta de emitir una ley de Sociedades de Convivencia, a iniciativa del único diputado del PRD. El rechazo, prácticamente unánime, es la mejor prueba de mi aserto inicial. Esto no es bueno, ni malo. Simplemente es la confirmación de un hecho.
3. Si hay algo que me molesta más que no me tomen en serio, es que me tomen demasiado en serio. Billy Wilder
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