En las dos entregas anteriores he hablado acerca del PRI estatal y de su renovación estatutaria, a mediados de este año. He señalado también quienes podrían ser los más viables candidatos y cuáles podrían ser las consecuencias de esa designación.
Algunos lectores me señalaron su desacuerdo con mis opiniones y por ello considero necesario hacer algunas consideraciones y reflexiones al respecto.
En primer término, la facultad metaestatutaria del gobernador para decidir quién será el dirigente formal de los priístas en el estado. El gobernador puede nombrar a quien quiera, pero no puede pasar su decisión por encima de los estatutos del partido. Eso queda claro, es decir, lo único que el gobernador está impedido de hacer es prolongar el mandato de Itzel Ríos de la Mora como presidenta del PRI estatal o pretender que sea reelecta. Ambas situaciones están previstas, como ya lo probé con la reproducción de los artículos correspondientes, en los estatutos del PRI y no pueden hacerse, so pena de tener una dirigencia espuria que puede tener efectos legales desastrosos para el priismo colimense.
Cualquier militante del PRI podría demandar ante las instancias correspondientes, tanto internas como externas, el cumplimiento cabal de los estatutos.
Nada ganaría el PRI con una situación de esta naturaleza, por eso, a quienes me han comentado que el gobernador podría tomar una decisión de esta naturaleza, les respondo que el gobernador fue presidente del comité municipal del PRI en Tecomán y conoce muy en los estatutos del partido, que sabe de la necesidad de ajustar sus actos a derecho y que, por lo demás, ni el PRI ni él mismo ganarían absolutamente nada con una acción de esta naturaleza. Así que no tendría una razón lógica para actuar de esta manera.
En segundo término, algunos amigos y lectores me comentaron que no necesariamente la elección de cualquiera de los tres mencionados por mí, Martín Flores, Héctor Michel o Arturo Velasco, tendría las implicaciones sucesorias que manejé, porque, adujeron, podría haber un “equilibrio”, es decir, podrían darle el partido a alguno de ellos tres, pero el candidato podría ser otro diferente y no con quien dije que están ligados políticamente.
En este sentido, mi respuesta es que, efectivamente, podría darse una situación de esta manera, epro para que ello ocurriera los aspirantes deberían tener peso específico, grupos políticos poderosos, en suma, fuerzas reales en su entorno que haga necesaria una política de equilibrios. A uno de esos grupos se les daría la candidatura a la gubernatura y a los otros grupos se entregarían las demás candidaturas y el partido.
En teoría parece bien, muy bien. Es más, sería una solución ideal, pero para llevarla a cabo se requiere, primero, que haya candidatos con peso específico, es decir, que tengan fuerza propia, grupos duros en su entorno, con fuerza en el estado y aquí cabe preguntarse: ¿Carlos Cruz, Héctor Michel y Mario Anguiano tienen peso específico en el estado? ¿Hay grupos políticos o económicos poderosos que los apoyen “a morir” como sus candidatos?¿Cualquiera de ellos, o los tres, representa una fuerza real al interior del partido?
Desde mi punto de vista, las respuestas a estas tres preguntas nos pueden indicar si tenemos una situación tal que el gobernador se vea obligado a hacer equilibrios entre unos y otros.
Para todas las demás candidaturas, el candidato a gobernador tendrá algo que decir. Ya mete la mano en la designación de algunas, sobre todo las de representación proporcional, porque, al final de cuentas, los compromisos y equilibrios con los grupos, organizaciones y sectores del partido serán con el nuevo mandatario. Eso se ha visto una y otra vez.
Pero lo más importante de todo es que en el PRI se maneje todo apegado a los estatutos, eso es ineludible e indispensable. Nadie podría confiar en la palabra de alguien que viola de manera abierta los estatutos del partido sólo para “demostrar su poder”. Tampoco creo que el comité nacional, que las comisiones estatal y nacional de procesos internos y que el propio secretario técnico del consejo político estatal, dejarán de cumplir las responsabilidades que los propios estatutos les marcan al respecto.
Por eso, los rumores acerca de si se prolongará el mandato de Itzel Ríos de la Mora y Martín Flores como presidenta y secretario general, respectivamente, no son más que eso: rumores. Ellos, principalmente ellos, saben que serían los primeros perjudicados al violentar los estatutos, se pondrían la margen de la legalidad, sin ninguna necesidad ni utilidad.
¿Quién podría creer en las palabras de dirigentes capaces de violar los estatutos que los rigen?
Facta, non verba. Hechos, no palabras. Eso es lo que ocupan los priístas. Congruencia entre el decir y el hacer.
El gobernador tiene el control del partido, pero necesita uno fortalecido, ajustado a los estatutos, capaz de poner en movimiento a los priístas para prepararlos para la gran batalla que sostendrán, sin duda alguna, en el 2009.
Los priístas saben que ésta es una de sus horas más complicadas, aunque, a decir verdad, a partir de 1997, todas las elecciones se han complicado, todas. Es cierto que la menos difícil de todas ha sido la constitucional de 2003, pero en las últimas dos, extraordinarias ambas, el PRI se ha visto en serias dificultades para ganar y si, aunado a ello, los priístas entran en conflicto legal y político por violentar sus propios estatutos, tendríamos un escenario aún más complicado.
Por eso, lo importante es que el gobernador Silverio Cavazos haga uso de esa facultad metaestatutaria y decida quiénes habrán de ser los nuevos presidente y secretario general del comité directivo estatal del PRI. Así no se mete en honduras y pone a quien quiera. Es el jefe político de los priístas y su decisión sería, estoy seguro, aceptada y respetada. Así ha ocurrido antes y no hay razones, objetivas y subjetivas, para que ocurra de distinta manera.
Así las cosas, para marzo o abril tendremos la emisión de la convocatoria respectiva.
Al tiempo.
COMENTARIOS AL MARGEN
1. La semana pasada comenté aquí el hecho de que el secretario de Desarrollo Urbano, Eduardo Gutiérrez Navarrete, había declarado que en esta administración se han construido 138 kilometros nuevos de carretera, lo que significa un incremento del 30 por ciento, aproximadamente, en lo que va del sexenio, es decir, de 2004 a la fecha. Dije que sería interesante saber dónde estaban esos kilómetros nuevecitos.
Bueno, uno de esos lectores y amigos, que nunca faltan, me mandó un mail donde me dice que 138 kilómetros es, maás o menos, la distancia que hay desde la Barranca del Muerto, en los límites con Tonila, Jalisco, hasta el Naranjo, allá en Manzanillo. También me dice que un kilómetro nuevo de carretera, es decir, construido donde no hay tal, cuesta, más o menos, un millón y medio de pesos y que, según las cuentas del secretario, al gobierno estatal le habría salido en un millón 450 mil pesos, lo que resulta de dividir 200 millones de pesos entre 138 kilómetros. Según mi lector amigo, eso significa que, efectivamente, serían 138 kilómetros de carretera nueva, no de mantenimiento de las vías ya existentes, sino de carretera nueva, es decir, me recalcó, una distancia ligeramente mayor a la existente entre la caseta de ciudad Guzmán y Guadalajara.
Así pues, desde mi punto de vista, resulta conveniente que el señor secretario de Desarrollo Urbano, Eduardo Navarrete Gutiérrez, precise a los colimenses dónde están esos 138 nuevecitos kilómetros de carretera.
2. "Descubrir con precisión lo que no ha sucedido ni va a suceder es el privilegio inapreciable de todo hombre culto y de talento."
3. “Abrumarlos y ver si permanecen incansables, para probar como abordan estratégicamente los problemas” Sun Bin
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