Le decía el martes que el gobernador Carlos de la Madrid Virgen se ha visto envuelto en más líos de los que podríamos imaginarnos los mortales comunes. Para desgracia de los colimenses, la mayoría de los asuntos han devenido en conflictos debido a la ineficiencia de sus colaboradores. Un ejemplo claro de ello lo constituye el relativo a APASCO, es decir, la hectárea que presuntamente la empresa cementera está invadiendo de terreno ejidal de Caleras y que corresponde al acceso a las instalaciones de la planta.
Como usted recordará, este problema derivó en un plantón realizado en las puertas de acceso a las instalaciones. Pidiendo disculpas anticipadas a Carlos Ramírez por utilizar un esquema similar al suyo, vale la pena manejar una docena de hechos al respecto.
1.- Un ejidatario de Caleras venía invadiendo una hectárea a un pequeño propietario, sin que éste realizara ninguna acción para desalojarlo, es decir, consentía la acción.
2.- El pequeño propietario vendió a APASCO su propiedad, la que alcanzaba una superficie total de 10 hectáreas, lo que incluía la superficie invadida.
3.- El ejidatario invasor se vio así entrampado por la venta de las hectáreas y por no contar con ningún documento legal que acredite su propiedad o la posesión siquiera de la hectárea.
4.- Al ser incorporado el ejido Caleras al programa PROCEDE, el ejidatario, al señalarle al INEGI los linderos de su parcela, incluyó la famosa hectárea.
5.- Al ser concluidos los trabajos del INEGI, la Procuraduría Agraria (PA), turnó el expediente al Registro Agrario Nacional (RAN).
6.- El Registro Agrario Nacional (RAN) emitió un certificado parcelario a favor del ejidatario; en este documento se incluyó la ya famosísima hectárea que el ejidatario tenía invadida de la pequeña propiedad, para entonces ya en poder de APASCO.
7.- Con el certificado parcelario en sus manos, el ejidatario inició el problema con APASCO, reclamando que la empresa pague al ejido la hectárea en litigio, a razón de 500 nuevos pesos por metro cuadrado, es decir, mucho más caro de cómo cuesta en Royal Country, por citar sólo un ejemplo.
8.- Los errores que permitieron elaborar el certificado parcelario son imputables a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional, que actuaron con irresponsabilidad, por decir lo menos.
9.- La Procuraduría Agraria tiene responsabilidad porque debió obtener delos colindantes del ejidatario un acta de conformidad de linderos que avalara los trabajos del INEGI. Por su lado, el Registro Agrario Nacional es responsable de haber integrado correctamente el expediente y, consecuentemente, por haber expedido el certificado parcelario.
10.- El programa PROCEDE no tiene la facultad de incorporar terrenos particulares al régimen ejidal y debe limitarse exclusivamente a certificar y titular las superficies concedida a los ejidos mediante resolución presidencial.
11.- El ejidatario pudo haber iniciado en su momento, un procedimiento de prescripción positiva, lo que habría implicado una modificación en el Registro Público de la Propiedad y en Catastro, lo que habría obligado al legítimo propietario de la hectárea a vender sólo nueve y no las 10 hectáreas de su propiedad.
12.- APASCO puede, si así lo desea y conviene a sus intereses, iniciar un procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario, para que éste ordene al Registro Agrario Nacional la cancelación del certificado parcelario que incluye la parcela en litigio y, a la vez, que emita uno nuevo que ajuste a la realidad y esté apegado a Derecho.
De esta docena de hechos podemos inferir que la delegada del RAN mantiene la costumbre que tuvo mientras estuvo al frente de la delegación del Registro Federal de Electores: maquillar cifras. Los antecedentes son claros y están escritos: el proceso de credencialización fue un asco en Colima. La ineficiencia de la delegada fue más que evidente. Sus antecedentes lo prueban: no le interesa la realidad, sino el aparato, el bloof –pido perdón por el terminajo– y el timo.
De esta manera, en vez de certidumbre, en el campo colimense hay bombas de tiempo derivadas de la irresponsabilidad con que actúan los funcionarios de ambas dependencias.
¿Con estos colaboradores, a dónde va a llegar el gobernador?
TRES COMENTARIOS AL MARGEN
1.- El enfrentamiento abierto, frontal, entre los grupos de poder de Salinas de Gortari y Zedillo, se inserta en el marco de la más grave crisis de gobernabilidad que ha existido en este país y la más severa crisis económica que hayamos padecido jamás. Es ahora cuando estamos obligados a mantener la tranquilidad y exigir que se aplique todo el peso de la ley a quienes les sea probado que fueron responsables de la autoría material e intelectual de la muerte de Ruiz Massieu. El rompimiento del silencio por parte de Salinas de Gortari nos muestra a una persona soberbia que se siente por encima de la Nación y del Estado y que exige respeto a su honor personal, como si hubiese tenido respeto alguno por la dignidad y el honor de los más de40 millones de mexicanos a los que dejó en la pobreza y a los 20millones que abandonó en la más absoluta miseria.
Las causas de la devaluación y la crítica situación derivada de ella, no son de ninguna manera coyunturales; por el contrario, responden a causas estructurales, lo que agrava la decisión de Salinas de devaluar, oportunamente, nuestra moneda y, sobre todo, de permitir que la micro, pequeña y mediana industria fueran barridas del concierto nacional, al abrir las puertas en forma indiscriminada a la importación de productos.
Coincido a plenitud con quienes exigen que Salinas de Gortari, Carlos, sea llevado a la más alta tribuna de la nación para ser sometido a juicio.
2.- Arnoldo Vizcaíno hace bien al mantener su huelga de hambre. Como buen político que es, sabe el valor que tiene cumplir la palabra empeñada. En una lucha abierta, resulta lógico que haya quienes se solidaricen de buena fe y quienes se unan a la acción buscando obtener una ganancia, cualquiera que esta sea. Ello no debe sorprender a nadie mucho menos espantarlo. No tenemos por qué ponerles condiciones a quienes arriesgan su integridad física, aún cuando estemos en completo desacuerdo con su proceder. Es su derecho, su libertad y su decisión.
3.- La elección de comités municipales fue la v primera prueba de Miguel Angel Novela al frente del PRI estatal y salió reprobado de ella. En el caso de Coquimatlán, la convocatoria no fue respetada ni en los tiempos ni en las formas y más, mucho más, en la instrucción general dada a los delegados: ningún presidente en funciones podía ser candidato...siquiera.
Este proceso sirvió también para darnos cuenta de que Rigoberto Salazar todavía no aprende y sigue cometiendo los mismos errores, aunque ahora debo reconocerlo, actúa en sentido inverso a como lo hacía hace años, cuando tomó las instalaciones del PRI. Ahora, abandonó las oficinas al no lograr su propósito, según fue documentado en la prensa y no desmentido por el diputado comalteco.
Como decía Ricardo Salgado Corral: “De la política y los políticos, puros chistes y caricaturas me han llegado. ¿se burlan de su obra? Para la mayoría que conozco, ser político es una vergüenza”.
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