Seguridad Jurídica, Problema Vigente

Editorial

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La seguridad patrimonial de muchos colimenses podría estar en riesgo porque no hay, o no hubo, seguridad jurídica en muchos de los actos previos al momento en que adquirieron, con mucha ilusión, una propiedad inmobiliaria.

El desarrollo de las ciudades se ha hecho casi siempre en función de los terrenos disponibles en su entorno que, en la mayoría de los casos, son ejidales o pequeñas propiedades.

En problema es mayor cuando se trata de terrenos de carácter ejidal. Muchos conflictos son por la ambición y la falta de escrúpulos legales de muchos ejidatarios que violan de manera flagrante la ley.

También los notarios incurren en conductas violatorias de la ley, ya sea porque reciben dinero a cambio de hacerlo, o, en contadísimos casos, porque desconocen los procedimientos y los requisitos legales que deben cubrirse, inexcusablemente, para hacer legal una compraventa de terrenos que anteriormente fueron ejidales y después pasaron al dominio pleno.

Los ejidatarios saben que una vez que la asamblea ejidal les otorgó el dominio pleno sobre su parcela, pueden venderla a quien quieran, una vez que hayan cumplido con el derecho al tanto y, en su caso, con el derecho de preferencia.

El derecho al tanto es el que tienen los familiares de quien vende, los ejidatarios mismos y aquellos que hayan sido reconocidos como posesionarios por la asamblea ejidal respectiva. El derecho de preferencia es el que tienen las autoridades del nivel estatal y municipal en el caso de los terrenos estén incluidos en el Plan Integral de Desarrollo Urbano respectivo.

Pero debemos destacar que es el notario quien está obligado a verificar que el derecho al tanto se haya ejercido cabalmente, que valida la operación de compra-venta del terreno, así como, en su caso, el derecho de preferencia. La ley no señala ninguna excepción al respecto, es decir, debe cumplirse en todos los casos.

La ineptitud profesional, la indolencia o la corrupción de los notarios, puede causar serios daños al patrimonio de miles de colimenses que confiaron en que las adquisiciones patrimoniales que adquirieron estaban dentro de la ley y hoy se encuentran con que su patrimonio está en riesgo.